Un juez de control vinculó a proceso a una mujer de 46 años acusada de fraude específico por 5 millones 800,000 pesos, cometido en agravio de la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México, institución de la cual es empleada.
El procurador capitalino, Edmundo Garrido Osorio, informó en conferencia de prensa que en los trabajos de investigación participó la Unidad de Inteligencia Cibernética de la Policía de Investigación.
Según la acusación, el 14 de noviembre la acusada participó en la sustracción del dinero destinado al pago de la nómina de la Secretaría de Cultura mediante una transferencia electrónica.
Según las autoridades, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales inició una carpeta de investigación, dando participación inmediata a la Policía Cibernética y solicitando la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de determinar los movimientos bancarios realizados, así como el aseguramiento de las cuentas respectivas.
Tras analizar la información y peritajes informáticos, se encontró que en la transferencia se utilizó una dirección IP que coincidía con el equipo de cómputo utilizado por la ahora detenida; además, ella utilizó ese equipo cuando se realizaron las operaciones no reconocidas.
Según un boletín de la Procuraduría, la empleada tenía bajo su resguardo el Token físico (dispositivo electrónico que cifra las operaciones bancarias) y se encontraron registros que el banco le envío por correo electrónico a su cuenta por cada operación realizada.
Además, en el análisis forense del equipo de cómputo de la imputada, se detectaron rastros de su actividad en Internet coincidentes en tiempo y lugar, toda vez que se apreciaban visitas con ingreso exitoso a la página oficial del banco en cuestión, lo que descartó cualquier intento de hackeo externo o suplantación de identidad informática. Esta actividad resultó contradictoria con el testimonio vertido por la imputada al momento de rendir su entrevista.
Por lo anterior, se solicitó una orden de aprehensión por el delito de fraude en contra de la imputada, la cual fue cumplimentada este viernes.
En la audiencia inicial el Juez de Control la vinculó a proceso dándole como medida cautelar la firma periódica cada quince días y la abstención de salir de la Ciudad de México y del Estado de México, donde tiene su domicilio, determinación que recurrirá la Procuraduría General de Justicia capitalina, solicitando se modifique la resolución por la prisión preventiva.
De la investigación se deriva que las cuentas a las que se destinó el dinero corresponden a diversas instituciones bancarias con sede en una entidad de la República, por lo que se ordenó un desglose para continuar con la investigación, a fin de ubicar y detener a otros posibles participantes.