El escándalo de corrupción de Odebrecht está a punto de cobrarse otra carrera política: la del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, cuyo destino depende de un Congreso dominado por la oposición que ya ha iniciado el proceso para su destitución.
Kuczynski es acusado de recibir presuntos pagos irregulares por parte de la constructora brasileña. Odebrecht reveló que abonó casi cinco millones de dólares por asesoramiento a firmas vinculadas al mandatario entre 2004 y 2013.
Dos de sus consultorías están relacionadas con la carretera interoceánica, por cuya concesión Odebrecht dice que sobornó con 20 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo.
“Pareciera una repetición de la historia que hemos escuchado en los últimos días. Sí, era mi empresa unipersonal, en la que soy el único dueño, pero no sé nada de los contratos”, dijo la legisladora Rosa Bartra, quien preside la comisión del Congreso que investiga el caso “Lava Jato” en Perú.
Kuczynski ha dicho que no renunciará y aseguró que no correrá, ni se ocultará porque no tiene ningún motivo para hacerlo. “No voy a abdicar ni a mi honor, ni a mis valores ni a mis responsabilidades como presidente (…) Nos costó mucho recuperar la democracia, no la volvamos a perder”, dijo el presidente en un mensaje por televisión a la Nación cerca de la medianoche, flanqueado por varios de sus ministros.
No obstante, el congreso peruano aceptó la solicitud para iniciar el proceso de destitución contra Kuczynski. Con 27 firmas del total de 130 legisladores del Congreso unicameral peruano, dominado por la oposición, se solicitó iniciar el procedimiento para cesar de su cargo al presidente por “permanente incapacidad moral”.
Para que el presidente sea destituido, se requiere el voto favorable de dos tercios del Congreso, o sea, de 87 legisladores. Si el Kuczynski es destituido, el Congreso puede incluso plantear su inhabilitación ejercer cargos públicos, si así lo considera.
En caso de destitución, Kuczynski debe dejar el mando en manos de su primer vicepresidente, Martín Vizcarra. Si éste declina, asume la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, actual presidenta del Consejo de Ministros. Recibirá el mandato para gobernar hasta 2021.
Sólo si ambos vicepresidentes declinan o no pueden asumir el puesto, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, es nombrado como jefe de Estado provisional y está obligado a convocar a elecciones.