Recientemente se dio a conocer el informe La Infancia cuenta en México: Desafíos en el acceso a la justicia para niñas niños y adolescentes, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
En el documento se destaca el ámbito escolar como uno de los espacios más importantes de desarrollo de la infancia, y se presentan datos sobre la incidencia de maltrato o delitos de los cuales han sido víctimas las niñas, los niños y adolescentes a lo largo del país, con base en la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), elaborada por el INEGI.
Los datos relativos a Guanajuato tuvieron como “ciudad de interés” a León de los Aldama, la cual registró un porcentaje mayor al nacional (32.2%) en lo que respecta a casos de acoso escolar, con 34.9%:
El documento destaca también el reciente caso de abuso físico, sexual y emocional ocurrido en Salamanca, en la casa hogar Ciudad de los Niños, AC. Al respecto, señala la sentencia de la juez federal encargada del caso, a través de la cual se establece que no es benéfico para los niños seguir residiendo en estas instalaciones, debido a la violencia sistemática de la que han sido víctimas.
No obstante, el director del DIF estatal, Alfonso Borja, declaró a mediados de noviembre que, de los 72 niños internados en esta institución, 54 continúan viviendo ahí y solamente uno ha regresado con su familia. Además, de que aquéllos que fueron registrados con el nombre del sacerdote Pedro Gutiérrez y de la monja Hortensia Jiménez siguen en juicio para poder llevar a cabo su cambio de apellidos.
Entre los principales resultados del informe, destaca que de cada 100 delitos que afectan exclusivamente a niñas, niños y adolescentes y que son denunciados e investigados por el Ministerio Público, nada más en tres han tenido sentencias condenatorias.
Al respecto, la Red afirma que «en la última década México ha vivido la generalización de la violencia e inseguridad y entre los principales afectados se encuentran niñas, niños y adolescentes, quienes son afectados de forma directa por las situaciones de criminalidad, violencia e impunidad que actualmente tienen al país en una profunda crisis de derechos humanos».
Asimismo, rechaza enérgicamente la Ley de seguridad interior, aprobada el pasado jueves 30 de noviembre en la Cámara de Diputados, bajo el argumento de que existe evidencia de que «en diez años de una estrategia fallida contra el crimen organizado sólo se ha impactado de forma negativa en la vida de millones de niñas niños y adolescentes».
