Los datos del
INEGI muestran que Guanajuato se ubica por debajo de la media nacional en los
indicadores de corrupción por cada 100 mil habitantes de 18 y más, así como en
su prevalencia por cada 10 mil unidades económicas; sin embargo, el problema sigue
siendo percibido por la población como el segundo más importante de la entidad.
Tasas de prevalencia e incidencia por cada 100 mil
habitantes de 18 años, 2015
Gráfica: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e
Impacto Gubernamental 2015
De acuerdo con la
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 (ENCIG), del INEGI, a nivel nacional,
88.8% de la población consideró que la corrupción es «una práctica que ocurre
de manera frecuente o muy frecuentemente entre los servidores públicos o empleados
del gobierno», es decir, casi 9 de cada 10 mexicanos perciben
que los funcionarios abusan de sus cargos para obtener algún beneficio
personal.
En Guanajuato, 50%
del total de población 18 años en adelante (1.71 millones de personas) percibe
a la corrupción como el mayor problema del estado. Tal como sucede a nivel
nacional, la corrupción se ubica en segundo lugar, igualmente por debajo
solamente de la inseguridad y delincuencia, que registra un porcentaje de
79.3%.
PERCEPCIÓN DE LOS PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES DE LA
ENTIDAD
La mitad de la población guanajuatense de 18 años y más afirmó que la corrupción es el segundo mayor problema que se enfrenta en la entidad, sólo después de la inseguridad y la delincuencia
(población de 18 años y más que habita en áreas
urbanas de 100 mil habitantes y más)
Cuadro:
Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental 2015 (ENCIG). INEGI. Tabulados básicos
En el estado, 47.1%
de la población de 18 y más percibe que la corrupción en la entidad es frecuente
y 41% que es muy frecuente, y los guanajuatenses muestran altos niveles de
desconfianza en los servidores públicos:
·
6 de
cada 10 perciben que la corrupción es muy frecuente en las policías
·
5 de
cada 10 perciben que es muy frecuente en los partidos políticos
·
4 de
cada 10 en los gobiernos municipales, en los gobiernos estatales y en el
ministerio público
·
3 de
cada 10 en jueces y magistrados e institutos electorales
Avanza en programas anticorrupción, pero…
En lo relativo a
la existencia de medidas contra la corrupción en las entidades del país, de
acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema
Penitenciario Estatales 2016, sólo 50% de las entidades implementaron un plan o
programa anticorrupción en 2015, y entre ellas se encuentra Guanajuato, la cual
registra un porcentaje de 100% en el cumplimiento general de metas y objetivos
anticorrupción 2015.
ENTRE LAS QUE ‘CUMPLEN’
En México solamente la mitad de las entidades
disponen de un plan o programa anticorrupción. Guanajuato es una de ellas y
según el INEGI tiene un porcentaje de cumplimiento general de metas y objetivos
anticorrupción 2015 de 100%
Mapa: INEGI. Censo Nacional de Gobierno,
Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016
Lo anterior se
debe a que desde junio de 2016 el pleno del Congreso estatal aprobó reformas a
diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato
en materia de implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.
Posteriormente, en
mayo de este año, se aprobó la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el
Estado de Guanajuato y el pasado 5 de diciembre tomaron protesta los cinco
integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción: Arminda Balbuena Cisneros, Román Gustavo Méndez Navarrete, Jaime
Fernando Revilla Guerrero, Hilda Marisa Rivera Barbosa y Julio César Rodríguez
Fonseca.
Asimismo, el
congreso local designó el día de ayer (8 de diciembre) como fiscal
anticorrupción de la entidad a Marco Antonio Medina Torres, con 24 votos de
diputados del PAN, PRD, MC y Panal.
No obstante, la designación
de Medina surge en medio de una controversia con el PRI, pues diputados de este
partido han asegurado que la fiscalía no será independiente debido a su cercana
relación con el actual Procurador General de Justicia de la entidad, Carlos
Zamarripa Aguirre.
Además, pese a los
avances registrados en la materia en la entidad, la denuncia de casos de corrupción por parte de las autoridades estatales persiste y es uno de los principales temas expuestos en el Primer reporte de
resultados 2016, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI),
a través de una investigación llevada a cabo en la entidad sobre el pago de tierras por
parte del gobierno guanajuatenses, las cuales fueron regaladas posteriormente a la empresa
Toyota.
De acuerdo con
este reporte, una empresa intermediaria compró 294 hectáreas en 191 millones de
pesos a ejidatarios en Guanajuato y «un mes después, las revendió al gobierno
del estado en 481 MDP. Esta apreciación del terreno se atribuye a que en éste
se instalaría una planta de Toyota, empresa a la que el gobierno del estado
regalaría los terrenos».
Según el
documento, la ganancia millonaria«sugiere el uso indebido de información privilegiada
por parte de la empresa intermediaria (JAOS & SGB SPI de CV) y el mal uso
de recursos del gobierno estatal».
MCCI denuncia también actos de corrupción en la gerencia de Guanajuato de
Liconsa, al presentar presuntas ilegalidades en la licitación y adjudicación de contratos de LICONSA
a la empresa Transportes Juan Pablo, SA de CV:
«El entonces Subgerente de Administración y
Finanzas de LICONSA en Guanajuato, Oscar Alejandro Martínez Pedroza, favoreció indebidamente
a la empresa, cuya accionista, Cecilia Pérez Jiménez, es pariente consanguíneo de
su cónyuge, tal y como lo confirmó una resolución administrativa del Órgano
Interno de Control de LICONSA»
El trabajo del
nuevo Sistema Estatal Anticorrupción tendrá que darse a marchas forzadas, para
erradicar este tipo de actos ilícitos e incrementar la confianza de los
guanajuatenses en los servidores públicos de la entidad.