El Poder Judicial de Aguascalientes simula el cumplimiento de la Ley de Transparencia e impide que se evalúe si sus jueces y magistrados aplican la perspectiva de género al no publicar de forma accesible las sentencias.
Un diagnóstico de la organización Equis Justicia para Mujeres califica de “regular” el cumplimiento que Aguascalientes da a su obligación de transparentar las sentencias judiciales. Aunque la Ley de Transparencia del estado obliga al Poder Judicial a presentar versiones públicas en su página web, para visualizarlas es necesario descargar navegadores específicos y aún así no se muestran los documentos.
“Aguascalientes está en retroceso legislativo. Es decir, si Aguascalientes antes tenía la obligación de publicar todas las sentencias ejecutoriadas, ahorita yo lo estoy viendo en sentencias que agregaron el criterio de interés público”, indica Fátima Gamboa, coordinadora del estudio.
Para Gamboa Estrella, las sentencias de primera instancia y en todas las materias -lo que se conoce como justicia cotidiana- deberían de ser públicas. Que lo fueran, afirma, permitiría evaluar qué tanto han aplicado la perspectiva de género los jueces y magistrados.
“Sí sabemos, porque se han mediatizado, casos como Los Porky’s, como el de Dafne, que se basan en estereotipos, en prejuicios y que terminan discriminando y obstaculizando el acceso a la justicia de las mujeres. Pero no sabemos cuántos más como esos casos, diario, se están resolviendo”, ejemplifica.
La abogada explica que el criterio de interés público abre la posibilidad de que cada Poder Judicial lo interprete según le convenga.
“Es un concepto ambiguo, un concepto amplio, que queda a interpretación. A pesar de que el INAI ya estableció tres criterios de qué es lo que se tiene que entender por interés público, sigue siendo muy general y muy amplia la interpretación que los Poderes Judiciales tienen para decidir qué es interés público y qué no”, señala.
Equis Justicia para las Mujeres ha dado seguimiento al tema desde 2015 y planea continuar impulsando la transparencia de las sentencias judiciales. Además de requerir al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) que defina el criterio de interés público, recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a los propios Comités de Transparencia de los Poderes Judiciales estatales.
“El año que viene, es otra vez mirar qué es lo que están publicando en función de interés público. Pero antes de llegar ahí, Equis incluso quiere comenzar un litigio para litigar ante la Suprema Corte esta parte de interés público y que se determine que interés público son todas las sentencias. O, en su defecto, el mismo informe le está pidiendo al INAI que tratándose del Poder Judicial determine que interés público tienen que ser todas las sentencias”, detalla.
“Hay varias vías. De interpretación, el Poder Judicial podría -y sería una muy buena práctica en función del principio de progresividad, del derecho a la información y de máxima publicidad- que digan que todas sus sentencias son de interés público”, añade.
De acuerdo con el estudio, ninguno de los 32 estados del país cumplió satisfactoriamente con transparentar las sentencias judiciales. La mayoría de los estados no lo hizo en absoluto o lo hizo de forma incompleta.
Además de los propios Poderes Judicial, Fátima Gamboa ve necesaria la voluntad política de los Congresos locales, que tienen la facultad de adaptar las Leyes de Transparencia y obligar a la publicación de todas las sentencias definitivas.