Vivimos
dentro de un Estado disfuncional donde no sólo los tres Poderes se encuentran
en un estancamiento que frena el desarrollo del país, sino todos los actores
están involucrados en una envoltura de la sospecha porque, incluso, la sociedad
civil, también dista mucho de ser sacra y sana, tanto como congregación o comunidad,
o como suma de intereses singulares.
Caso
especial ameritaría tratar a los Órganos constitucionalmente autónomos, aunque
también habría que señalar algunas prácticas, por ejemplo, que no han dejado de
alimentar cotos de poder, como es el caso laboral de algunas Universidades
públicas ahí donde las plazas circulan por caminos realmente extraños…
Por
ello, y sin pretender hacer de esta mesa, una mesa de los lamentos, hay que
revisar en qué punto nos encontramos en la división de Poderes para canalizar
los equilibrios que requiere un gobierno civil, con los ideales que la teoría
política clásica nos indica.
Hay
que replantearnos, cómo estamos construyendo la democracia y las maneras de
organización política y de gobierno en México, de manera particular de cara al gobierno de coalición que propone el artículo
89 constitucional como derecho potestativo del Presidente de la República.
En
esta oportunidad de construir un gobierno así: plural, hay que propugnar por un
gobierno abierto con la participación
y el escrutinio real de la sociedad, donde el Estado de derecho, deba ser un
sistema de información veraz, y para la verificación entre lo que se dice y los
hechos.
Y
es que no es suficiente sólo la figura de un fiscal anticorrupción: hay que
fortalecernos con el apoyo tecnológico de esta era para avanzar hacia otra
forma de gobernarnos, con una vocación por la rendición de cuentas, para velar
por la certeza y más que por ella, por la verdad, por difícil que esta sea; hay
que eficientar los procesos, los resultados y el seguimiento de los órganos de
control interno de las instituciones para robustecer la vida democrática de
México.
La
incertidumbre, como la mentira, es sólo la antesala de la violencia, de la
ilegitimidad y por supuesto, de la corrupción.
No
puede haber justicia ahí donde no hay verdad.
Es
indispensable una verdad ontológica, dinámica, eficiente y estratégica.
Requerimos de precisión en los conceptos, en las palabras y en los actos como
axiomas humanos, pues son ellos materia prima de la historia.
La
transparencia, por ende, se vuelve hiper-necesaria, pues es ella ese acto de
hacer aparecer y de ser palabra que devela. La democracia y la transparencia
son sinónimas pues ambas significan formas de esclarecer los problemas, las
diferencias o los disensos.
Exigimos
que se respete lo que dicta la ley, ese es el espíritu del derecho público; el
derecho privado dicta que se pueda hacer todo lo que no prohíba la ley.
Exigimos
que las instituciones cumplan lo que dicta la ley, ni más ni menos.
Que
se asuman responsabilidades constitucionales para conectar puntos clave entre
nosotros.
Requerimos
de reconocernos para reconciliarnos con lo pendiente y con nuestros
contemporáneos.
La
corrupción es un ethós, una
costumbre, una forma de vivir y de asumir los problemas, es un arrojarse a la
inmediatez y a la frívola utilidad sin contenido. Por ello, ¡sí!, importa capacitar, pero es mucho más apremiante educar para reprobar el ocultamiento, la
distorsión, la omisión dolosa, el chantaje, la censura, la mentira y la
simulación.
Basta
de estar a expensas de las ocurrencias de unos cuantos improvisados, y sin
visión.