Ley de Seguridad Interior es contraria a Derechos Humanos, afirman académicos

La propuesta de Ley de Seguridad Interior que se aprobó en la Cámara de Diputados afecta los derechos Humanos y avala un modelo de seguridad fallido por las violaciones sistemáticas e impunidad en diversos casos, afirma un desplegado firmado por académicos del Sistema Universitario Jesuita.

Este jueves, los diputados aprobaron la propuesta de Ley de Seguridad Interior que impulsaron las fuerzas políticas tras el reclamo del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, sobre la falta de un marco legal adecuado para combatir al crimen organizado.

La propuesta permite que las fuerzas armadas tengan facultades de policía civil para realizar acciones preventivas, reserva como confidencial toda la información de operativos y no establece controles para acciones de espionaje o violación de derechos humanos, afirma el colectivo #SeguridadsinGuerra.

El comunicado del Sistema Universitario Jesuita afirma que la incorporación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad ha tenido “resultados desastrosos”.

Afirman que la Cámara de Diputados incumplió la ley, pues la Constitución establece en su artículo 21 que las instituciones de seguridad pública son de carácter civil.

“En lugar de contribuir a la solución de la crisis de violencia desde el punto de vista legislativo y promover una cultura de prevención de la seguridad y el fortalecimiento de las autoridades civiles encargadas de velar por la seguridad ciudadana, la Cámara de Diputados aprueba una ley que es absolutamente regresiva”, dice el desplegado.

Entre los firmantes se encuentran Denise González Núñez, del Programa de Derechos Humanos; Iliana Galilea Cariño Cepeda, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría; Gerardo Pérez Viramontes, del Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente; Roberto Giacomán Gidi, del Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz; Guadalupe Fernández Aguilera, del Programa Universitario de Derechos Humanos Universidad Iberoamericana León; Óscar Rodríguez Rivera, director del Instituto Intercultural Ayuuk y Alfredo Castillo, secretario del Sistema Universitario Jesuita.