Once príncipes, cuatro ministros en activo y decenas de exministros han sido arrestados por órdenes del nuevo Comité Anticorrupción encabezado por el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, informó la cadena de noticias Al Arabiya News Channel.
El comité anunció que investiga el papel de las autoridades en las inundaciones de Jeddah de 2009 y el problema del virus Corona, también conocido como el virus del Síndrome Respiratorio de Medio Oriente (MERS).
Según un “real decreto” emitido este sábado por el Rey Salman, el Comité Anticorrupción está presidido por el príncipe heredero con el cargo de: presidente de la Comisión de Monitoreo e Investigación, Presidente de la Autoridad Nacional Anticorrupción, Jefe de la Oficina General de Auditoría , Fiscal General y Jefe de Seguridad del Estado.
El heredero, que controla sectores estratégicos del gobierno como la
defensa y la economía se ha proyectado como un reformador liberal en un
reino ultraconservador, con decisiones como el cambio de la legislación
para permitir que las mujeres conduzcan.
Muchas de sus reformas son consideradas como un forma de marcar el
paso y acabar con las disidencias antes de que haya una transferencia
formal del poder de parte de su padre, el rey Salman, de 81 años.
El comité tiene el derecho de investigar, arrestar, prohibir viajes, congelar cuentas y carteras, rastrear fondos y activos de personas involucradas en prácticas de corrupción, informó Al Arabiya News Channel.
El príncipe Alwaleed Bin Talal es uno de los arrestados más destacados, porque tiene inversiones en Citigroup, Apple, 21st Century Fox y Twitter.
La captura fue confirmada por Al Arabiya, de propiedad saudita, y The Wall Street Journal.
Bin Talal es considerado uno de los miembros más destacados de la familia real saudí, y ha sido objeto de numerosos perfiles en publicaciones estadounidenses e internacionales, según una publicación de CNBC.
En septiembre las autoridades arrestaron a docenas de personas,
incluyendo a influyentes clérigos e intelectuales, una operación que
varias organizaciones de derechos humanos denunciaron como una “campaña
de represión.