Puigdemont dijo que no ha obtenido el “compromiso” del gobierno español para “parar la represión”. “El 155 es una aplicación fuera de la ley que busca erradicar no solo al independentismo sino a toda la tradición del catalanismo. No acepto estas medidas”, comentó.
“Nadie podrá decir que no he estado dispuesto a realizar sacrificios, pero una vez más comprobamos que la responsabilidad solo se nos exigen a una de las partes”, agregó.
La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió a su vez las medidas para intervenir la autonomía de Cataluña, alegando que son necesarias para que se abra “una nueva etapa en la que la ley se respete”.
“El viaje a ninguna parte del independentismo tiene que llegar a su punto de retorno”, señaló Sáenz de Santamaría ante el Senado, que debe dar el viernes luz verde a la toma de control de Cataluña por parte de Madrid, ante las ambiciones independentistas de las autoridades de esa región.
El Senado, controlado por el conservador Partido Popular de Rajoy, debería aprobar este viernes la aplicación del nunca usado hasta ahora artículo 155 de la Constitución, que permite la intervención de la región por parte del poder central.
Entre las medidas solicitadas, el ejecutivo reclama la destitución del gobierno de Puigdemont, la supervisión de la actividad del parlamento catalán o la toma de control de la policía o los medios de comunicación públicos regionales.
La respuesta catalana llegará, en tanto, por el parlamento regional, dominado desde 2015 por los partidos independentistas, que celebra a partir de esta tarde un pleno parlamentario que puede alargarse hasta el viernes. Los militantes independentistas así como muchos de sus diputados desean que se proclame una República independiente.
Se sienten legitimados por el referéndum inconstitucional del 1 de octubre, ganado ampliamente por los separatistas pero con una participación del 43 por ciento y celebrado sin apenas garantías. Este paso puede costar a Puigdemont y su gobierno una denuncia por rebelión, pasible con penas de hasta 30 años de prisión.