Por: LORENA VELASCO/REDACCIÓN
Actores políticos del Istmo de Tehuantepec han manipulado en su beneficio los programas de contingencia puestos en marcha para apoyar a la población damnificada por el terremoto de 7 de septiembre.
Es el caso de la expresidenta municipal de Asunción Ixtaltepec, Adelina Rasgado, y su esposo, Jorge Antonio Antonio, quienes de acuerdo con la investigación de Televisa, registraron tres casas como pérdida total en ese municipio para obtener apoyos por pérdida total (120 mil pesos por casa) según el censo en línea de viviendas dañadas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
En una de las casas, semiabandonada, Antonio Antonio llegó acompañado de una patrulla solo a tomarse la foto con un folio frente a la propiedad semidestruida.
Cabe mencionar que, en dicha casa, había personas que utilizaban el patio como refugio a quienes obligaron a quitar sus lonas y fueron ellos los que en primera instancia realizaron la denuncia al periodista Faustino Romo Martínez.
Dicho reporte añade que la citada propiedad fue utilizada como oficina del registro civil durante la gestión municipal de Adelina Rasgado (1999-2001); previo al montaje fotográfico, la pareja la limpió el lugar.
Censo de damnificados
De acuerdo con la página web http://transparencia.sedatu.gob.mx/censoViviendas.php de Sedatu, la alcaldesa priista registró una vivienda en la localidad de Asunción Ixtaltepec, y su esposo dos más, las tres ubicadas en el municipio istmeño.
Con tres casas con pérdida total, la pareja recibiría hasta 120 mil pesos por casa, un total máximo de 360 mil pesos otorgados a través de las tarjetas electrónicas del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).
Según el censo publicado por la Sedatu, en Oaxaca existen 63 mil 335 casas dañadas, de las cuales 2 mil 964 viviendas se encuentran en Asunción Ixtaltepec.
Además de la ex alcaldesa priista, vía redes sociales y medios de comunicación se han exhibido otros casos, como el del delegado de la Coordinación de Pueblos Indígenas (CDI) en Oaxaca, Saulo Chávez Alvarado, cuya casa, a nombre de su madre, es parte del censo a pesar de que no presenta afectaciones, según cita el sitio informativo Mas Noticias Oaxaca.
“El inmueble a nombre de Maria Luisa Alvarado Toledo, no presenta afectaciones y sin embargo fue considerado como parte de las viviendas afectadas tras el terremoto que dejó afectaciones en 41 municipios en la región del Istmo de Tehuantepec”, expone la nota.
Cabe recordar que el Fideicomiso del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) de acuerdo con sus reglas de operación, considera que solo a las personas de escasos recursos se les pague al 100 por ciento la reconstrucción, mediante fondos aportados al 70% por el Gobierno Federal y 30% por el Gobierno del Estado.
Y, justamente en Ixtaltepec, María Luisa Ríos Santiago denunció que las tarjeta Bansefi para la reconstrucción de su vivienda no tenía fondos.
Programas, cuestionados
Empleo Temporal y el programa de apoyo a productoras de pan y totopos del Istmo de Tehuantepec también han sido señalados por desorganización, sesgo político, integración al censo de quienes no lo necesitan y omisión de los damnificados.
A través del primer esquema, tan sólo en el municipio de Juchitán se invertirán 35 millones 360 mil 400 pesos y se beneficiará de manera directa a 14 mil 920 familias, según comunicado del Gobierno del Estado.
Cada beneficiario recibiría un estímulo económico de 2 mil 370 pesos, equivalente a un mes de salario mínimo, como parte de la limpieza y retiro de escombros de lo que fuera su vivienda.
Al día de hoy, los beneficiarios de Empleo Temporal en Juchitán reclamaban con un bloqueo el atraso de los recursos del programa, por el que hicieron filas de más de 10 horas y que tardó en bajar más de dos semanas.
En el caso de la entrega de apoyos económicos para la construcción de hornos de pan y totopo, la inversión asciende a los 47 millones de pesos, de acuerdo con las declaraciones de las autoridades estatales… éste ha sido cuestionado porque los apoyos dejaron fuera a reconocidas productoras e ingresaron a beneficiarias que nunca han comercializado el pan y el totopo.
Ninguno de estos dos programas ha transparentado a sus beneficiarios.