Es admirable el
despertar ciudadano que se ha manifestado después de la tragedia ocasionada por
el terremoto del 19 de septiembre pasado. A toda la ciudadanía nos ha
contagiado la ola de solidaridad y empatía con nuestros hermanos y hermanas
víctimas y familiares. La participación activa de la ciudadanía ha sido la
diferencia que incluso, ha hecho ver chiquita, insuficiente y aletargada la
respuesta gubernamental. Esta fuerza ciudadana se ha transformado, sin duda, en
acciones y mensajes concretos que trascienden la emergencia y que son algo más
que coyunturales.
Además de los
edificios y casas caídas y dañadas por deficiencias estructurales, nuestro país
se está dando cuenta de la gravedad de otra falla estructural de enormes
dimensiones, -la corrupción-. Seguramente no es la primera vez que pasa, pero
si una que no deja mucho espacio a refutaciones sobre la evidencia de que la
corrupción en México es tan grave como asesina. Ha cobrado víctimas mortales
con nombres y apellidos. Niñas, niños, padres y madres que han visto
interrumpida su vida misma, sus proyectos y su propia convivencia porque algún
político corrupto lo permitió, por un burócrata que se hizo de la vista gorda;
por un abogado que coyoteó un permiso de construcción y por constructores que,
como todos los anteriores, prefirieron el lucro inmediato a preservar la vida
de gente inocente. Y qué decir de aquellos que simplemente murieron por ser los
olvidados de entre los olvidados en Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, aquellos
que fueron condenados a muerte antes de su propia muerte, por la ausencia total
del Estado en sus territorios.
Lo anterior no
es casual pues por muchos, muchos años, hemos convivido con esa corrupción
enquistada en la vida de nuestro país; permitida y multiplicada por una moral
doble, así como tolerada y muchas veces fomentada por líderes, tanto políticos
como religiosos, así como ejercida en rituales diarios por buena parte de la
ciudadanía. Sobre esta falla estructural, hoy tan evidente, se ha ido forjando
nuestra cotidianidad; incluso nuestra democracia, nuestras instituciones y
nuestro modelo actual de Estado de Derecho.
En los pocos
días que han pasado después de la tragedia, la ciudadanía ha reconocido este
lastre y se ha pronunciado con una condena tajante, misma que los ha llevado a organizarse
para no permitir que los gobiernos estatales o locales acopien y distribuyan a
discreción la ayuda que reciben de la misma sociedad mexicana. Es un mensaje
claro y contundente de la enorme desconfianza en la probidad, transparencia y
calidad moral de que gozan nuestros gobernantes y nuestra clase política en
general. Es un mensaje fehaciente de los y las mexicanas que han probado que
pueden organizarse y que, si sus políticos no están a la altura requerida,
pueden incluso prescindir de ellos en los hechos, tomando ellos mismos el
control. Sin duda un mensaje que debe poner a temblar a muchos.
En Guanajuato,
aunque con bastante menos severidad, vivimos los mismos y otros cataclismos
propios. La ola de violencia e inseguridad en el Estado es, hoy por hoy, el
tema de mayor preocupación como lo avalan los datos estadísticos y los
diferentes sondeos de opinión ciudadana a los que tenemos acceso. Debemos
analizar entonces cuáles son las fallas estructurales y qué las provocan.
Quizá la
ecuación no sea tan compleja si partimos de la misma premisa de la corrupción
como una gran falla estructural. Al tolerarse y no castigarse genera alta impunidad
como la que tenemos en nuestro Estado. Un Estado que tolera la corrupción y que
poco hace para combatir la impunidad, es caldo de cultivo para inseguridad y la
violencia. Si a lo anterior le sumamos una respuesta estatal errática por no decir
inexistente en materia de seguridad ciudadana, podemos entender el resultado en
su justa dimensión.
Sin embargo, hay
que reconocer que la ciudadanía guanajuatense ha sido tocada también por los
acontecimientos recientes, y nos estamos moviendo en solidaridad con nuestros
hermanos y hermanas damnificados en otras partes del país. Estamos
reencontrándonos con nuestra fuerza como ciudadanía y eso, sin duda, puede
generar algo más que esperanza.
¿Será que algún diputado,
diputada o servidor público de alto nivel, sea capaz de hacer la lectura
correcta del contexto actual? Y si lo hace, ¿será que tenga la valentía de
tomar como estandarte las demandas ciudadanas de austeridad en los presupuestos
electorales y de impulsar el combate a la corrupción dando vida a una Fiscalía
General y una Fiscalía Anticorrupción con las condiciones mínimas de
independencia y autonomía para así fortalecer nuestro maltrecho sistema de
pesos y contra pesos?
¿Será que el
despertar ciudadano que vivimos en estos días después del sismo del 19 de
septiembre pasado nos alcanzará en Guanajuato para levantar los escombros del
sistema político local que lejos de ilusionar, deprime?
@jmramosrrobles