Los municipios
de la capital harán válidas las sanciones para quienes cometan acoso callejero hasta
enero del 2018, tras haber pasado por un periodo de 180 días que permita
sensibilizar y preparar a las corporaciones policíacas.
Iván Sánchez
Nájera, diputado promovente de la iniciativa -aprobada el primero de julio del
2017 por el Congreso del Estado- apuntó que pese al tiempo que se les concedió,
ningún ayuntamiento ha llevado a cabo cursos de capacitación con perspectiva de
género entre sus elementos de seguridad, pero aún están en tiempo.
La falta
administrativa va acompañada de sensibilización a quien la cometa y se pueden adicionar
multas económicas, además de la privación de la libertad hasta por 36 horas.
“La idea de dar
los 180 días era para que los Ayuntamientos logren preparar a los elementos de
primera instancia, nos interesa mucho poder dialogar con ellos, ver si ya han
tenido estrategias y sino ofrecernos para coadyuvar con ellos. Hasta donde yo tengo entendido no ha
habido un solo curso sobre equidad de género en corporaciones policíacas de los
municipios, esa es la información que tengo, ojalá y algún ayuntamiento compruebe
lo contrario”, señaló el diputado.
A través de la
Comisión de Equidad y Género se citará a los presidentes municipales para que
expliquen la situación de sus corporaciones de seguridad en temas de género.
“Yo he hablado
con algunos ayuntamientos de manera informal y se dicen dispuestos pero hay que
buscar las instancias oficiales a través de la Comisión de Equidad y Género,
que la presidenta también está interesada para llamar a los once ayuntamientos
y los institutos de la mujer”.
En la última
reforma al Código Penal se aprobó la figura del hostigamiento como falta penal
que amerita hasta dos años de prisión y esa ya es vigente, fue una aprobación
muy al vapor pero ya se es vigente, aunque tampoco ha habido preparación alguna
del personal de la Fiscalía para que se pueda aplicar”, agregó.
Finalmente, Sánchez
Nájera puntualizó que sancionar el acoso no es decisión de los policías, sino
que es un mandato de ley, y aunque existan fallas en el sistema de seguridad deberá
cumplirse.
“Por supuesto
que hay fallas en todo el sistema judicial y policíaco, que no es un problema
de la iniciativa sino que está en todos los delitos. Nosotros pensamos en una
falta administrativa por lo ágil, porque no implica una serie de
investigaciones mayores. Ellos tienen ya la obligación expresa de sancionar,
no queda a criterio del policía si sanciona o no”.