Propietarios de bares y antros ubicados en la Zona de Tolerancia, denunciaron públicamente a corporaciones estatales, municipales y el ejército, de tortura, violencia física, psicológica y sexual hacia trabajadores de sus establecimientos.
En rueda de prensa, los comerciantes dieron a conocer que emitieron una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos el pasado 25 de septiembre. Además, están preparando una denuncia que será presentada a la Fiscalía General del Estado. A pesar de que no es la primera vez que suceden estos actos, finalmente decidieron irse por las vías legales pues se sienten hartos de ser víctimas de las corporaciones policiales.
Los dueños de locales ubicados en la zona conocida como “Las Violetas”, explicaron que el pasado 10 de septiembre, se realizó un operativo por parte de policía estatal, municipal, ejército y elementos del ministerio público dentro de sus instalaciones, los cuales por más de 3 horas se dedicaron a abusar y violentar a meseros, bailarinas y los mismos propietarios de estos lugares.
“Estos hombres en pasamontañas ultrajaron y torturaron a encargados de establecimientos de esta zona, sometiéndolos con bolsas de plástico en la cabeza, introduciendo agua por la nariz y boca, así como descargas eléctricas en sus genitales para obtener alguna confesión por parte de estas personas”, denunciaron.
De acuerdo con los denunciantes, en la zona de tolerancia trabajan cerca de 300 mujeres, la mitad de las cuales violentaron los elementos de seguridad.
“Las muchachas trabajan aquí en la zona, pero al fin y al cabo son mujeres y las tienen que respetar; es un trabajo digno como cualquier otro, muchas sólo son bailarinas y no sexo servidoras como dicen. Hubo robos hacia las chicas, de teléfonos, dinero, y a los meseros les quitaron la venta. Como dueño me desvistieron en un baño donde me revisaron, golpearon y obligaron a hacer sentadillas”, manifestó Michael Molina, uno de los dueños afectados.
Policías Estatales son acusados de haber violentado física, psicológica y sexualmente a las trabajadoras de estos bares. Las obligaron a hacer sentadillas y pujar con el fin de inspeccionar sus partes íntimas, aparentemente en búsqueda de drogas, y se excusaron con que está permitido por el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Sin embargo, en el artículo 268 de dicho Código, se indica que la revisión deberá ser una exploración externa de los sujetos, y que ante cualquier inspección que implique una exposición de partes íntimas del cuerpo, requerirá autorización judicial.
“Queremos subrayar que somos comerciantes, empresarios, que de nuestros negocios viven cerca de mil familias y que no tenemos ficha alguna que nos ligue a delincuentes o a cualquier grupo criminal. Somos gente que hemos trabajado muchos años en la zona de tolerancia y a través de estos operativos hemos sido varias veces objeto de esta violencia”, agregaron.
A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal confirmó el operativo del 10 de septiembre, en colaboración con el Secretario de Seguridad Pública Municipal, el Comandante de la XIV Zona Militar, el Instituto Nacional de Migración, Protección Civil Estatal, Fiscalía General del Estado, ISSEA y Reglamentos Municipales.
Como resultado, la Secretaría informó que se detuvo a 9 personas por posesión de drogas y fueron clausurados 3 locales, argumentando que fue ahí donde se encontraban estas personas. Esto provocó que más de 70 trabajadores, entre mujeres, meseros y músicos, se quedaran sin empleo.
Los locatarios aseguraron que a consecuencia de este operativo, sus ganancias se han reducido un 60 por ciento, debido a que los clientes se asustan y prefieren no regresar.
También se quejaron del abuso por parte del municipio de Aguascalientes, al cobrar 79 pesos el ingreso al estacionamiento de dicha zona, en el cual los visitantes no cuentan con seguro alguno en caso de robo o daños.
Además, se les pide a las trabajadoras una cuota de 150 pesos semanales, mismos que cubren los estudios médicos que se les obliga a realizarse cada tres meses. Este pago se emite a la Secretaría de Finanzas del municipio capital.
El cobro aparece en la ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, en el artículo 83 como parte de Servicios Prestados en Materia de Regulación Sanitaria.
“Siempre nos han visto como ciudadanos de segunda, pero la brutalidad con que se llevó a cabo no tenía que pasar, el tener a una persona ahí en una habitación y estarla torturando por tres horas es algo que verdaderamente no se puede tolerar”, defendieron.