Diversas organizaciones de la
comunidad LGBTTTI analizan la conformación de una estrategia legal contra el
Congreso del Estado por omisión legislativa en temas relacionados con las
libertades sexuales, como el matrimonio igualitario.
Marco
García, presidente de la Fundación VIDHA, explicó que existen al menos tres
vías legales por medio de las cuales pueden proceder contra el Poder
Legislativo.
“Estamos tomando ya acciones
legales en contra del Congreso del Estado por omisión legislativa, porque no
sólo está mal que no se discutan nuestros derechos, sino que el no acatar un
mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es una falta como
servidores públicos. Ya iniciamos el primer paso por medio de una de las vías
legales. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. La omisión legislativa
ya está considerada por la SCJN.
La desprotección por parte del
Estado ocasiona daño, la semana pasada se suicidó otra persona de la diversidad
sexual. La omisión legislativa mata. Cuando nos están viendo como ciudadanos y
ciudadanas de segunda estamos en desprotección, favorece la discriminación
social e institucional y eso a final de cuentas daña y genera problemas
emocionales y sociales”.
Los integrantes de organizaciones
de la diversidad sexual asistieron a la sesión ordinaria del Congreso del
Estado para apoyar la iniciativa presentada por la diputada neolancista
Josefina Moreno Pérez en materia de concubinato y matrimonio igualitario.
En ella, la legisladora propone
que tanto las parejas que vivan en concubinato (es decir, sin haber contraído
matrimonio) como las parejas del mismo sexo que pasen juntos al menos cinco
años, estén protegidos bajo lineamientos legales.
“Nosotros
venimos a apoyar esta propuesta, ya la hemos revisado y nos parece una
alternativa muy interesante, se está contemplando la importancia más que del
nombre del matrimonio, tener la garantía de nuestros derechos. Es decir,
resguardar a las familias o parejas que hayan estado juntas por más de cinco
años, lo que nos parece importante es que más allá de los nombres, se proteja
nuestros derechos”, agregó el presidente de la Fundación VIDHA.
Los
grupos LGBTTTI exigirán que la propuesta de Moreno Pérez sea discutida en un
lapso no mayor a 60 días, en concordancia con lo establecido en la legislación local.
“Hay diferencia entre la Ley
Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo con respecto a los tiempos, pero el plazo máximo para
que se empiece a discutir una iniciativa es de 60 días, si en esos días no se
inicia con la discusión de la iniciativa nosotros estaremos exigiendo por la
vía legal que los diputados hagan su trabajo”.