Unos 4, 000 opositores venezolanos se manifestaron este
sábado en Caracas contra el gobierno de Nicolás Maduro, en su cuarta protesta
en una semana, que degeneró nuevamente en choques con la policía.
Los enfrentamientos se iniciaron cuando los manifestantes,
convocados por la dirigencia, decidieron a última hora marchar hacia la
Defensoría del Pueblo, en el centro, bastión del chavismo y donde están las
sedes de los podres públicos.
En el sector La Campiña fueron contenidos por policías y
efectivos de la militarizada Guardia Nacional que les lanzaron bombas
lacrimógenas, chorros de agua y balas de goma para dispersarlos, según
periodistas de la AFP en el lugar.
Un grupo de hombres y mujeres con el rostro cubierto
respondieron con piedras, mientras el grueso de la marcha aguardaba detrás de
ellos. No se informó en lo inmediato de heridos, aunque la AFP observó que dos
policías fueron impactados por bombas incendiarias.
En el centro, el chavismo realizaba este sábado un acto
multitudinario que denominó “gran toma cultural, deportiva y
recreativa”.
Tras casi dos horas de refriegas, los opositores se
replegaron hacia otros puntos, aunque se mantenían algunos focos de conflicto.
Originalmente se concentraron en una calle del este, pero el
excandidato presidencial Henrique Capriles los convocó a dirigirse a la
Defensoría, que esta semana frenó la posibilidad de que el Parlamento de
mayoría opositora destituyera a los magistrados del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ).
“Hay que llegar hasta donde sea. La gente está cansada
de tanta corrupción, hambre y miseria”, dijo a la AFP Vanessa García,
estudiante de optometría de 37 años.
“No habrá
descanso”
Los participantes en la protesta rechazaron la decisión de
la Contraloría que inhabilitó a Capriles para ejercer cargos públicos durante
15 años, lo que bloquea su aspiración presidencial en 2018. La medida fue
notificada el viernes.
Portando retratos del dirigente de 44 años y figura
emblemática de la oposición, los manifestantes acusaron nuevamente a Maduro de
encabezar una “dictadura”.
“Creen que inhabilitando a Capriles lo van a callar y
va a ser todo lo contrario, ahora es que viene lucha”, señaló a la AFP
Aixa Hernández, agente inmobiliario de 55 años.
La oposición acusa a la Contraloría de servir al gobierno.
También hubo manifestaciones en ciudades como San Felipe, La
Victoria (norte) y San Cristóbal (oeste), donde encapuchados aparentemente
armados hicieron detonaciones ahuyentando a la gente, dijo a la AFP Marisol
Blanco, comerciante de 32 años.
Capriles apelará la sanción, que se le impuso por supuestas
irregularidades administrativas como gobernador del estado Miranda (norte),
cargo que ejerce desde 2008.
“El que ríe de último, ríe mejor! Nos veremos en las
calles de Venezuela @nicolasmaduro No habrá descanso”, prometió en
Twitter.
La oposición planea nuevas protestas durante la Semana
Santa, cuando los empleados públicos estarán de asueto por orden de Maduro.
Capriles ya había sido anunciado por su partido como
precandidato para las primarias de la oposición.
Es la cuarta manifestación opositora desde el pasado sábado,
cuando cientos rechazaron dos fallos con los que el Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) se adjudicó temporalmente los poderes del Parlamento -de mayoría
opositora- y retiró la inmunidad a los diputados.
El martes y jueves últimos hubo movilizaciones que sumaron
reclamos como elecciones generales y liberación de “presos
políticos”, con saldo de un muerto y decenas de heridos y detenidos. El
jueves los opositores también intentaron llegar a la Defensoría.
Las sentencias del TSJ fueron anuladas parcialmente tras un
fuerte rechazo internacional y denuncias de la fiscal general Luisa Ortega,
confesa chavista, de que constituían una “ruptura del orden
constitucional”, lo que abrió una fisura en el oficialismo.
Plan golpista
Maduro denuncia las manifestaciones como un plan para
“llenar las calles de sangre” e intentar derrocarlo.
El mandatario asegura que detrás de esa estrategia
“golpista” se encuentran Estados Unidos y la Organización de Estados
Americanos (OEA), que este semana declaró una “grave alteración del orden
democrático” en Venezuela.
Maduro enfrenta una crisis económica que se agravó con la
caída del precio del petróleo y que se caracteriza por la escasez de alimentos
y medicinas y la inflación más alta del mundo, proyectada por el FMI en 1.660%
para 2017.
El colapso minó su popularidad, al punto que siete de cada
diez venezolanos quieren un cambio de gobierno, según una reciente encuesta de
la firma Venebarómetro.
Pero Maduro atribuye la crisis a una “guerra
económica” de la oposición apoyada por Estados Unidos.