El número de desapariciones en México se ha vuelto una problemática que ha rebasado al Estado mexicano cuyas estimaciones hablan de más de 20 mil casos, una cifra que para organizaciones como el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) no es confiable, en gran parte por la inoperancia de los mecanismos creados por el Estado para conocer el tamaño de la tragedia que viven miles de familias.
“La información que hoy nos otorga el conjunto de bases que existen no permite hacer una aproximación. Esos 20 o 30 mil [casos de desaparecidos] podrían ser el uno por ciento como podrían ser el 500 por ciento, es decir no tenemos elementos para considerar si ese dato tiene un nivel de confiabilidad”, explicó en entrevista con Newsweek en Español Francisco Rivas, director general del ONC, en el marco de la presentación del informe “Desapariciones forzadas e involuntarias: El registro estadístico de la desaparición: ¿delito o circunstancia?”.
El reporte presentado este miércoles es el primero de cuatro que dará a conocer el Observatorio con la finalidad de definir una ruta crítica para el gobierno en lo referente al registro estadístico, la búsqueda de personas, la investigación de casos, la atención a víctimas y los procedimientos forenses, entre otras áreas.
El documento expone que frente a la administración de justicia, la significativa cantidad de personas desaparecidas muestra que “las acciones emprendidas en México están muy lejos de ser eficientes y de constituir una política pública especializada que permita prevenir, controlar y resolver los casos de desapariciones forzadas e involuntarias”.
Si bien el documento consigna las irregularidades de los registros oficiales de personas desaparecidas, así como de las limitaciones de los no oficiales, plantea que el registro de este fenómeno no debe ser visto simplemente como un tema de números y estadísticas, sino como un instrument que debe ayudar a las personas que buscan a sus familiares mediante la investigación de delitos y el cruce entre los diferentes registros existentes.
“El tema de desaparecidos es un tema de derechos humanos, es un tema de seguridad y es un tema de Estado de Derecho en la medida en la que no se atienda, en esa medida no podemos fortalecer ni el acceso a la verdad, ni el acceso a la justicia de las víctimas, ni podremos generar esos cruces criminológicos necesarios para poder erradicar el fenómeno, su relación entre las desapariciones y la criminalidad organizada, entre la trata de personas y las desapariciones y el homicidio”, comentó Rivas.
El Observatorio parte su análisis de lo contenido en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), del Programa de Mujeres y Niñas Desaparecidas “Dar Contigo”, de los Programa de Difusión de Personas Desaparecidas “¿Has visto a?”, de la Base de datos Ante Mortem / Post Mortem (AM/PM), de la Alerta Amber, así como de la información estadística sobre desaparición de personas en el fuero federal, los registros públicos de las procuradurías y fiscalías estatales y de las secretarías de seguridad pública de cada entidad, del Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas (SINPEF), de las Estadísticas judiciales y censos de procuración e impartición de justicia, de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) y de los registros públicos de asociaciones y colectivos de familiares de personas desaparecidas.
El informe señala que dentro de las bases de datos oficiales como las de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Seguridad y las de las entidades hay deficiencias importantes e inconsistencias como personas que aparecen en unos registros y que no aparecen en otros, además de que no está desagregada la información entre personas extraviadas y personas desaparecidas.
“Hay una confusión en los registros generales de términos que se usan indistintamente como si fueran lo mismo a pesar de que no lo son. Se confunden personas no localizadas con extraviadas, desaparecidas, ausentes. Esto nos lleva a afirmar que hoy no tenemos las condiciones para poder dimensionar el tamaño del número de desaparecidos en México”, indicó el director general el Observatorio.
En el ámbito estatal se halló la falta de validación de las cédulas de identificación ya que se encontraron varios casos en los cuales la información de la ficha en cuestión no correspondía con la fotografía publicada.
“Si te metes en la base de datos de los estados, en los pocos que cuentan con información, encuentras fichas donde viene la media filiación de un hombre adulto de 56 años y la fotografía de una niña, y ese no es en caso, son muchos”, comentó al respecto Rivas.
Para Francisco Rivas, ante situaciones como esta,no se puede confiar en la información oficial disponible, lo cual muestra que por un lado el Estado no está cumpliendo con su función. “El gobierno le está fallando a los ciudadanos, no está permitiendo el acceso a la justicia, viola los derechos humanos de las personas y genera confusión en términos de la posibilidad de combatir un fenómeno criminal”.
Es por ello que desde el Observatorio se propone implementar un software que la Cruz Roja internacional ha donado al gobierno mexicano para concentrar los datos sobre desaparecidos y la información sobre personas encontradas sin vida; incluir información de personas no identificadas en hospitales, sobre personas que se encuentran en centros de detención, además de generar un registro de fosas clandestinas.