El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y actual secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio será sometido a un procedimiento administrativo por las irregularidades en las que incurrió durante las investigaciones del caso Ayotzinapa, informó La Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR).
La PGR establece posibles sanciones contra otros ocho de sus exfuncionarios, entre ellos, tres peritos, tres agentes del ministerio público y dos funcionarios por su supuesta participación en dos diligencias irregulares realizadas los días 28 y 29 de octubre en los márgenes del Río San Juan.
Esta diligencia se realizó sin la presencia de un Ministerio Público Federal para certificar el levantamiento de evidencia. Además estos funcionarios fincaron cargos a Agustín García Reyes, “El Chereje”, sin el acompañamiento de su abogado defensor.
Foto: Cuartoscuro
Arely Gómez, exprocuradora general de la República tendrá bajo su mando, la investigación que definirá las posibles sanciones a su exsubordinado Tomás Zerón, acusado de “sembrar” pruebas en el caso de los 43 normalistas.
La Secretaría de la Función Pública, bajo la titularidad de Gómez determinará si hubo o no responsabilidades de Zerón y los otros ocho funcionarios en el caso.
En una reunión entre los normalistas y autoridades federales encabezadas por la Secretaría de Gobernación, se entregó a los padres el expediente de investigación interna sobre el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR,TomásZerón, para su revisión conjunta.
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Este es el primer acuerdo después de seis meses de suspenderse el diálogo entre ambas partes, donde se pactó realizar reuniones mensuales, instaurar interlocución y comunicación.
Pese a los acuerdos alcanzados y el restablecimiento del diálogo, los familiares no quedaron del todo satisfechos.
“Esos son hoy en día los únicos acuerdos, los únicos resultados que nos dan a conocer la PGR y la Secretaría de Gobernación. No podemos decir que hubo más porque no lo hay”, dijo a la prensa el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, después del encuentro.
Se pactó asimismo que la Secretaría de Gobernación aporte equipo técnico para apoyar las tareas policiales, así como dar seguimiento a todas las líneas de investigación propuestas en su momento por los expertos internacionales designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para apoyar en las pesquisas del caso.
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Igualmente, se coordinará este trabajo con el mecanismo de seguimiento puesto en marcha por la CIDH.
Con todo, reconoció que “se han adquirido algunos compromisos de aquí en adelante que nos va a mantener en una segunda reunión el día 9 de marzo”.
De acuerdo con la versión oficial de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala del estado sureño de Guerrero, policías corruptos detuvieron a 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa y los entregaron a miembros de un grupo criminal, quienes los asesinaron, incineraron y arrojaron sus cenizas a un río.
Pero esta narrativa ha sido cuestionada por expertos internacionales, que han señalado irregularidades en las investigaciones.