El diario estadounidense The New York Times tuvo acceso a un reporte interno de la Procuraduría General de la República (PGR), en el que pudo deducir que los investigadores en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, violaron la ley durante la búsqueda de los normalistas.
Dicho reporte, explica el periódico, se negó a los familiares de las víctimas, argumentando que todavía debía ser revisado por un alto mando de la PGR.
El reporte documenta que sospechosos cruciales fueron arrestados y trasladados ilegalmente, “poniendo en duda la evidencia que proveyeron”. La conducta de los investigadores de la PGR, según el documento, violó el “derecho a la verdad”.
Una copia del reporte obtenida por NYT sugiere que el documento permanece en un “limbo burocrático” debido a que documenta una serie de violaciones.
“El reporte aporta la primera evidencia desde el interior de la oficina del Procurador General que muestra cómo el caso fue mal manejado” por las autoridades, publicó el NYT.
Entre otras irregularidades se reporta el hecho de que el investigador principal del caso llevó a un sospechoso a identificar la presunta escena del crimen sin un abogado presente, visita que no fue registrada oficialmente, además de que el lugar se dejo sin vigilancia durante una noche.
The New York Times hizo referencia a la investigación interna de la procuraduría llevada a cabo por el visitador César Alejandro Chávez Flores, que fue dada a conocer en el libro “La verdadera noche de Iguala”, de la periodista Anabel Hernández, y en Aristegui Noticias.
Por su parte, la PGR, que en aquel entonces estaba a cargo de Arely Gómez, dio respuesta en un comunicado, negando al periódico la información publicada.
“Cualquier documento que pudiera existir y que se hubiese difundido por medios no oficiales, en el que se hagan referencias a las evaluaciones practicadas sobre expedientes relacionados con la desaparición de los estudiantes normalistas, en tanto no sea debidamente formalizado, se trata de un simple proyecto con el carácter de consideraciones en estudio, que carecen del rango de resolución formal. No se omite señalar que tratándose de consideraciones en estudio, estas se encuentran sujetas a cualquier clase de modificación, como es factible que ocurra con toda clase de proyectos en el ámbito de los procedimientos jurídicos”, dice el comunicado.
“La actuación de la Visitaduría General debe, en todo momento, encontrarse ajustada al marco normativo aplicable a los actos jurídicos que emite, tanto en el ámbito administrativo como penal, sin que impacte el cambio del titular de la unidad administrativa”, añade.
“De acuerdo al marco jurídico mexicano, para que una determinación o resolución adquiera validez dentro de un procedimiento administrativo o penal, y así esté en posibilidad de producir efectos jurídicos, requiere que la misma sea emitida con todas las formalidades que establece la Ley, entre las que se encuentran la firma de quien la pronuncia”, señala la PGR.
“En el caso que nos ocupa, los documentos referidos por el NYT se caracterizan por encontrarse sin la debida formalización, al carecer de los requisitos legales que les aplican, resultan jurídicamente inexistentes; por lo tanto, están impedidos para ser considerados con la calidad de resolución formal, sea como Acuerdo de Conclusión o con cualquier otra denominación”, concluye el comunicado.