Desde hace más de un año, un grupo de historiadores e investigadores luchan por preservar intacta la memoria del país. Se propusieron mejorar la ley General de Archivos que pretende dejar en manos de la Secretaría de Gobernación (Segob) la valoración y destino de los documentos más importantes para la justicia del país.
De acuerdo con especialistas, esta ley – presentada en el Senado de la República el 17 de noviembre- podría mermar los avances logrados en transparencia y combate a la corrupción.
El tema quizá no dice mucho en la sociedad contemporánea porque estamos acostumbrados a que no haya conciencia histórica, pero la sistematización de documentos y datos constituyen una parte fundamental para el funcionamiento de la democracia y debemos tener la garantía de su consulta irrestricta en el presente y futuro, explicó Gabriel Torres Puga, historiador del Colegio de México.
El Sistema Nacional de Archivos es la figura que acompaña al Sistema Nacional de Transparencia y al Nacional Anticorrupción porque ambos necesitan evidencia y documentación para poder operar, señaló Ramón Aguilera Mungía, director de la Escuela Nacional de Archivos.
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La documentación de libre acceso y ordenada es vital para poder operar los sistemas que pretenden brindar mayor transparencia y justicia al país, mencionó Aguilera Mungía.
Uno de los aspectos preocupantes para el Comité Mexicano de Ciencias Históricas y la Red por la Rendición de Cuentas, que reúne a historiadores, escuelas y organizaciones civiles es que los archivos sean valorados en los siguientes dos años, -establecido en el artículo 14 transitorio- que podría suponer la destrucción o sustracción de los documentos por causas políticas.
Además, se oponen a que el Sistema Nacional de Archivos quede bajo la tutela de la Segob.Esta Secretaría podría decidir, coordinar y establecer los lineamientos de valoración de los documentos históricos y finalmente, decidir su traslado.
“El riesgo está en que el sistema se maneje de manera política y a conveniencia de las situaciones del gobierno al frente. Esto puede crear o cerrar fuentes de información contra los Sistemas Anticorrupción y de Transparencia”, dice Aguilera Munguía.
El problema central, explicó, es que se pueda politizar la creación, conservación y acceso de los documentos públicos, en detrimento de los demás sistemas.
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La ley General de Archivos, forma parte de un conjunto de tres leyes en las que también está la ley General de Transparencia y la ley de Datos Personales, aprobada este 14 de diciembre. Parte de las preocupaciones de los historiadores radica en que los documentos no puedan ser considerados fuente de acceso público por contener datos personales, dice Torres Puga.
Este punto de la ley presenta ambigüedades que evitan que se consulten los documentos de manera completa. En algunos casos mandan la información testada, impiden ver los documentos originales y en otros, dan copias tachadas, menciona el historiador.
“Pedimos que quede claro que los documentos que estén contenidos en los archivos históricos tengan acceso libre e íntegro”, destacó.
En la mayoría de los países, dice Torres Puga, los archivos históricos se han vuelto entidades independientes que exigen a los gobiernos el traslado de información, eso es lo que garantiza que vaya quedando una memoria histórica en el funcionamiento de los distintos gobiernos.
“Si el gobierno no pasa la información correspondiente a sus archivos históricos es una manera de ocultar de cierto modo su actuación, buena o mala”.
El buen funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción y de Transparencia también podrían estar en riesgo
Una de las alternativas que han empujado las distintas redes de historiadores es la creación de un Consejo Nacional de Archivos para que opere el Sistema Nacional de Archivos con mayor incidencia técnica, ya que en caso de que la operación quede en manos de Segob, “parecería un consejo más político que técnico”, dijo Aguilera Munguía.
“Estos temas ni los conocen, es una talacha tremenda que un secretario no va a hacer”, resaltó.
Esta iniciativa no se aprobó en el presente periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, de acuerdo con expertos, se discutirá el año entrante y se aprobará aproximadamente en abril.
Las diferentes redes de historiadores -que viven de consultar archivos- buscan nuevas discusiones abiertas con los senadores para mejorar seis artículos primordiales de esta ley, que determinarán la libertad de los documentos que son fundamentales para la democracia del país, señalaron expertos.