El gobierno oaxaqueño de Alejandro Murat pidió al gobierno federal 1000 millones de pesos para “regularizar” las 3699 plazas de trabajadores de la educación de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La petición fue aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) la avaló durante las mesas de diálogo instaladas en el estado de Oaxaca, de acuerdo con información publicada por el diario Reforma.
“Con esa cantidad se pagarán el salario y adeudos que se tienen con 2401 docentes y 1298 trabajadores administrativos, quienes, sin tener un nombramiento ni estar reconocidos por ninguna autoridad estatal, laboraron los últimos dos años en escuelas de Oaxaca”, señala Reforma.
“Los empleados regularizados comenzaron a trabajar bajo el antiguo esquema de venta y herencia de plazas que mantenía la Sección 22 a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO)”, añade.
“De ese modo, el magisterio disidente reclutaba a los empleados, los mandaba a las comunidades y, después, con marchas y bloqueos exigían el pago de sus salarios”, indica el diario.
Por su parte, al interior del gobierno de Murat se dijo que “era una práctica común donde el sindicato decía: ‘Me faltan maestros, los pongo bajo los criterios sindicales que yo tengo y que el IEEPO les pague’”.
“La necesidad de regularizar a los maestros de la CNTE en Oaxaca surgió en 2014, cuando el Gobierno federal concentró el funcionamiento del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (Fone) como una de las directrices de la reforma en la materia”, publica Reforma.
Sin embargo, el otorgamiento del dinero está condicionado a que los profesores no falten a clases y participen en las evaluaciones que les corresponden, aunque Reforma publicó que el dirigente de la CNTE oaxaqueña, Rubén Núñez, advirtió que no participarán en las evaluaciones convocadas por las autoridades federales.