El reclamo que hizo el general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el pasado 8 de diciembre sobre la falta de un marco legal para la actuación de las fuerzas armadas mexicanas ha hecho eco en el Congreso en un momento en que dos iniciativas sobre la materia son estudiadas tanto en la Cámara de Diputados y en la Senadores, una situación que ha generado alarma en la sociedad civil ante el temor de que se dé un cheque en blanco a las fuerzas militares sin mediar su contenido con académicos, expertos y organizaciones sociales.
“Lo que nosotros hemos insistido y propuesto es que se hagan las leyes reglamentarias… creo que eso es lo que debe hacerse. La seguridad interior no es responsabilidad de la Defensa Nacional, ni de la Marina”, fueron las palabras del mando militar quien en una conferencia de prensa reconoció que este 2016 “no fue un buen año” en materia de seguridad debido a la violencia e inseguridad que están presentes en el país, los cuales, dijo, “no son asuntos que se puedan resolver a balazos”.
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Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
FOTO: Cuartoscuro
“Es razonable su reclamo, lo que no me parece razonable es que las Cámaras de inmediato quieren aprobar y deformar el artículo 29 para los casos de excepción y dar un cheque en blanco a las fuerzas militares. Sí hay que tomar en cuenta lo que dice el general Cienfuegos, por supuesto es un reclamo legítimo, pero no puede ser en la manera en lo que ellos lo plantean”, explicó en entrevista con Newsweek en Español Rocío Culebro, directora ejecutivo del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Araceli Olivos Portugal, Coordinadora de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, comentó a su vez que esta Ley Reglamentaria al Artículo 29 constitucional deja un marco de discrecionalidad muy amplio al Poder Ejecutivo para determinar la suspensión de garantías en una parte del territorio nacional, además de no establecer un marco temporal al que debería acotarse esta suspensión, ni determinar objetivos claros, ni contrapesos por parte del Poder Legislativo.
“El único contrapeso aparente es un informe mensual que tendría que rendir el Ejecutivo, lo que definitivamente no es para nada suficiente, planteándonos un estado de excepción y por otra parte tampoco establece mecanismos de retorno, es decir después de que se cumpla esa temporalidad cómo va a regresar, digamos, a un estado de normalidad”, detalló en charla con este medio.
Olivos Portugal dijo que el contenido de la Ley es sumamente vago, pero sobre todo indicó que existe preocupación al ser una legislación referente a la presencia de las fuerzas armadas, un aspecto que considera muy peligroso en un país como México que lleva 10 años “de prácticas de una política de seguridad militarizada con estado de excepciónde facto fallido”.
En lo referente a la iniciativa de la Ley Seguridad Interior la integrante del Centro Prodh dijo que esta tiene que ver con debatir el tema de seguridad que hemos estado implementando en estos últimos 10 años y que en prospectiva no podemos seguir sosteniendo más.
“Las fuerzas armadas no tendrían que estar haciendo en un país como México labores de seguridad mucho menos labores de investigación, ministeriales, y regular esto en una Ley de Seguridad Interior más que dotar de certeza al Ejército es desde luego ampliar este mandato de facto, que no es constitucional”, precisó.
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El IMDHD y el Centro Prodh junto a otros organismos sociales y activistas suscribieron en días pasados un posicionamiento dirigido a los legisladores federales en el que si bien reconocen la importancia de dotar de un marco jurídico, manifiestan que este no puede simplemente plantear como sí lo hacen las propuestas legislativas de Seguridad Interior la cual contempla “que se normalice y haga permanente lo que hoy sucede de forma inconstitucional. Tampoco se debe abogar por suspender las garantías individuales para que el Ejército pueda realizar sin controles y sin transparencia la tarea que corresponde a la autoridad civil”.
Para la sociedad civil cualquier propuesta de regulación del Ejército debe retomar las recomendaciones que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos e ir orientada a regresar a los soldados a sus cuarteles, de forma paulatina y responsable y debe además ir acompañada por una Ley que regule el uso de la fuerza y establezca mecanismos institucionales para fiscalizarla.
En el mismo posicionamiento, se alerta sobre la rapidez con la que se perfila la aprobación en la cámara de Diputados de la Ley Reglamentaria del artículo 29.
Rocío Culebro refirió en ese sentido que desde los organismos defensores de los Derechos Humanos hay un rechazo a esta iniciativa “siempre y cuando no se discuta abiertamente con especialistas y organizaciones civiles y sociales “.
“Un primer candado es que se tiene que establecer en las mismas leyes que no quedan con claridad lo que está para las policías, es decir no puede haber detenciones arbitrarias tienen que ser con base a una orden de un juez, no puede haber cateos indiscriminadamente, tiene que ser con órdenes de jueces, tiene también que saberse cuando se detiene a una persona in fraganti o a una persona que está relacionada con el crimen exactamente a dónde se lleva”, mencionó.
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Culebro explicó que el marco regulatorio que es discutido en el Congreso representa un grave problema porque no hay claridad en los conceptos de seguridad interna, seguridad ciudadana, seguridad pública o seguridad nacional. “Eso nos lleva a un segundo problema que es la actuación de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad… [las cuales] no están capacitadas para poder implementar el despliegue de seguridad en todo el país”.
Como un tercer punto que preocupa a la sociedad civil, la directora ejecutiva del IMDHD menciona que este tema tan delicado y de gran envergadura tiene ser discutido en un sistema de parlamento abierto. “Es decir de manera amplia, abierta, participativa y en donde se escuchen todas las voces de la ciudadanía incluyendo a los especialistas en materia de seguridad, a los académicos, a las organizaciones civiles que trabajamos en el tema de derechos humanos y también a los ciudadanos que se han visto afectados por la actuación de las fuerzas armadas en sus estados”
Un cuarto tema que Culebro planteó es que esta iniciativa de ley deja a las autoridades locales, estatales y federales en un estado de confort. “Las mismas autoridades han llegado a un estado de confort, pero además no se han investigado si están relacionadas con toda una red de criminalidad porque al momento no se tiene confianza en la policías y por eso quieren a los militares, pero lo militares no están capacitados para desarrollar esta seguridad”.
“Como organizaciones de la sociedad civil pensamos que sería catastrófico que se apruebe de forma apresurada esta Ley Reglamentaria al artículo 29, igual que en su momento la ley de Seguridad Interior, pensamos que ambas iniciativas lo que hacen es focalizar la atención en la presencia militar de manera más continuada o incluso permanente en tareas que no les competen”, señaló a su vez Araceli Olivos del Centro Prodh.