Informes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) evidenciaron que la Fiscalía General de Aguascalientes ocultó datos que el Instituto de Transparencia de ese estado le había ordenado entregar desde marzo pasado.
La Fiscalía General de Aguascalientes (FGE) solicitó acceso a datos conservados (ADC) por compañías de telecomunicaciones en ocho ocasiones durante el primer semestre de 2016. Y en otras tres requirió la geolocalización de dispositivos móviles en tiempo real, según el estudio “El estado de la vigilancia fuera de control”, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
En sus referencias, R3D aclara que obtuvo los datos de informes proporcionados por el IFT vía Ley de Transparencia y que la Fiscalía no proporcionó información.
Esa negativa de acceso violaría la resolución ITEA-SAF-06, de marzo pasado, en la que el Instituto de Transparencia de Aguascalientes (ITEA) consideró información pública el número de solicitudes hechas por la Fiscalía a proveedores de aplicaciones y contenido en internet para “localización geográfica en tiempo real” y “acceso a cualquier dato de los usuarios”.
Además, la
resolución le ordenó dar acceso inmediato a la estadística de intervención de telecomunicaciones privadas, correos electrónicos y redes sociales de ciudadanos con y sin orden judicial, información que declaró inexistente en respuesta a una solicitud posterior, presentada en agosto por
Newsweek Aguascalientes.
A través de más de 600 solicitudes,
R3D solicitó a instancias federales y de los 32 estados informar “el número de ocasiones en las que solicitaron autorización judicial federal para llevar a cabo una medida de vigilancia, el número de ocasiones en las que lo hicieron sin autorización judicial, datos sobre el número de personas o dispositivos afectados por las medidas de vigilancia y datos sobre el número de averiguaciones previas en las que se utilizaron medidas de vigilancia y su estado procesal”.
Antes de la resolución del ITEA, la Fiscalía reservó los datos con el mismo acuerdo con el que ocultó la estadísticas de feminicidios en la entidad: por riesgo, incluso, de terrorismo.
“Divulgar información generada para alimentar las bases de datos de los sistemas nacional y estatal de seguridad pública pondría en riesgo la seguridad del estado y municipios, toda vez que haría propicio que se presentaran actos de espionaje, sabotaje o terrorismo, de ahí que se considere indispensable restringirla en atención a un interés superior”, fue el argumento de la
reserva firmada en 2014.
