La Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV) –que atiende y apoya a quienes hayan sido lesionados por un delito federal o de una violación a
sus derechos humanos –,
establece que cada año se cometen 600 mil delitos sexuales en México, unas mil 640
denuncias al día en este país de 122 millones de habitantes. En 9 de cada 10
casos la víctima es una mujer.
Según datos de la Cartilla
de Derechos de las Víctimas de Violencia Sexual Infantil –expedida por el
Gobierno Federal–, 4 de cada 10 agredidas tiene menos de 15 años; es decir, 216
mil niñas sufren un delito sexual cada año en México. La mitad de los ataques
se cometen en el hogar y en 60 por ciento de los casos el responsable es un
familiar o una persona conocida.
La lista de abusos sexuales
perpetrados contra niñas y adolescentes en México es en verdad extensa:
Esmeralda, de 12 años, fue violada por su padrastro en Sonora. Mónica, una
indígena mazateca que no habla español, fue agredida a la misma edad por un
conocido. Rosa, de 14, quedó embarazada tras un año de abusos cometidos por su
padre en el Estado de México, el tipo amenazaba con hacerle daño a su madre si
lo contaba. Carmen, de 13 años, vivió bajo las mismas advertencias las
agresiones de la pareja de su progenitora. Paloma, tabasqueña de 10, fue
violada y quedó embarazada, igual que Citlalli, sonorense de 13, atacada por un
compañero de trabajo de su padre en su propia casa.
Según datos de la OCDE (Organización
para el Comercio y el Desarrollo Económico) de 2015, México ocupa el primer
lugar, entre los países miembros, en embarazo adolescente. También en abuso
sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años.
La Estrategia nacional para
prevenir embarazos a temprana edad, aprobada en 2015, reconoce que la “alta
prevalencia de casos de violencia sexual en menores de 18 años es una de las
causas de embarazo de niñas y adolescentes en México. Las mujeres víctimas de
violencia sexual son expuestas a diversos riesgos como consecuencia de este
acto de violencia: lesiones físicas y psicológicas, la transmisión de
infecciones de transmisión sexual y un embarazo no deseado.”
El problema es aún más grave, la CEAV asegura que se denuncia menos de 10 por ciento de lo que en realidad sucede.
Niñas no madres
En el informe Violencia sin
Interrupción, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) documenta
que entre enero de 2009 y el 30 de junio de este año se presentaron ante las
fiscalías locales y la Procuraduría General de la República 70 mil 630
denuncias por violación; sin embargo, sólo se ha autorizado la interrupción del
embarazo en 61 casos. Y de ese total,28 mil 252 niñas
menores de 15 años denunciaron haber sido agredidas sexualmente y sólo a 8.5
por ciento (2 mil 419) se le ofreció anticoncepción de emergencia, a pesar de que el aborto como producto de una
violación está permitido en todo el país, y la Norma Oficial Mexicana 046 reconoce
el derecho de toda víctima de una agresión sexual mayor de 12 años a hacerlo sin
necesidad de presentar una denuncia.
“El embarazo forzado y la maternidad forzada ponen en juego la vida de la niñas, pues enfrentan afectaciones en su salud física, mental y en su proyecto de vida”, coinciden Amnistía Internacional, Clacai, GIRE y Planned Parenthood Global, quienes a propósito del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, lanzan en Latinoamérica la campaña Niñas, no madres.
Como lo informó este miércoles GIRE: “En México, el servicio de acceso al aborto a menores víctimas de violación se sigue condicionando, a pesar de que desde marzo de este año la NOM 046 indica claramente que mujeres y niñas mayores de 12 años que hayan sufrido una agresión sexual y, como consecuencia, resultado embarazadas pueden acudir a cualquier centro de salud público a realizarse una interrupción del embarazo, sin necesidad de haber presentado una denuncia por violación, autorización de alguna autoridad (ministerio público o juez) o consentimiento de padre, madre o tutor”.