Los grupos parlamentarios en el Senado de la República no han logrado acuerdo para designar al fiscal anticorrupción, por ello pospusieron la elección hasta el próximo año.
El coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera Ávila, informó que los legisladores analizarán el perfil de los 32 candidatos inscritos en febrero de 2017.
El Senado quedará en falta al no designar el nuevo fiscal antes del 29 de noviembre como estaba previsto en el dictamen inicial. Sin embargo, el legislador panista dijo que los legisladores no están presionados por agendas ajenas y buscarán hacer una buena selección, por ello, la Comisión de Justicia pidió ampliar el plazo para las comparecencias.
Herrera señaló que existen diversas posiciones sobre el perfil que deberá tener el fiscal anticorrupción, por lo que esperarán para ver si alguno de los candidatos puede generar un punto de coincidencia.
Algunos de los candidatos que se nombran con más fuerza son: Miguel Sarre, académico del ITAM con reconocimiento internacional; Manuel Hallivis, presidente del Tribunal de Justicia Fiscal y Ximena Puente, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
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Edna Jaime, directora de la organización México Evalúa, dijo en su columna en El Universal que a Ximena Puente no se le conoce ninguna experiencia en materia de procuración de justicia, “es uno de los perfiles que debemos evitar”.
Mencionó que quien encabece la Fiscalía Anticorrupción debe entender sus retos y crear vías para enfrentarlos.
La elección del mejor perfil debe basarse en méritos propios y capacidades de la persona a elegir, dijo la senadora Martha Tagle.
“El proceso de selección precisa de ser objetivo, imparcial, transparente y con máxima publicidad. Se debe garantizar un proceso de verdad, sin cuotas y sin cuates, sin amiguismos ni compadrazgos y sí basado en un análisis profundo y serio de los perfiles presentados para ocupar el cargo”, señaló.
Martha Tagle junto con la senadora Layda Sansores apoyaron el movimiento de más de 100 organizaciones que exigen la renuncia del procurador general de la República, Raúl Cervantes, para evitar que asuma la titularidad de la nueva Fiscalía General, ya que consideraron que su cercanía con el presidente Enrique Peña Nieto no le permitiría una actuación “ética y parcial” en la impartición de justicia.
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La nueva Fiscalía General de la República (FGR) será un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. El artículo 102 de la Constitución mexicana determina que dejará de ser parte del gabinete presidencial y será un funcionario independiente con una duración de 9 años a partir de su designación.
Cervantes, abogado del PRI, encabezó la defensa de Enrique Peña Nieto, cuando era candidato presidencial, en el caso Monex, referente a la compra de votos.
El procurador también es primo hermano del actual consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos y de Alfredo Castillo Cervantes, actual director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en México (Conade), quien fungió como Comisionado de Seguridad en Michoacán.
La convocatoria lanzada por el Senado establecía originalmente como plazo para presentar ante la Junta de Coordinación Política los dictámenes de idoneidad de los aspirantes que cumplan con los requisitos para ocupar el cargo el 29 de noviembre.