Durante la quinta ronda de negociaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) iniciada el 21 de noviembre en Santiago de Chile, se recalcó la importancia de la cooperación y la sostenibilidad con igualdad para fortalecer las democracias de la región.
El objetivo de dicha reunión es “contar con un acuerdo regional que asegure el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental, reconociendo la importancia de la cooperación entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía en el camino hacia un desarrollo sostenible con la igualdad en el centro”, señala un comunicado de la CEPAL.
La Quinta Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Principio 10), organizada por la CEPAL y el Gobierno de Chile, se extenderá hasta el 25 de noviembre y a ella asisten ministros, viceministros y funcionarios gubernamentales de alto nivel, representantes del público que participa en el proceso y expertos internacionales.
“La importancia de esta reunión es que logremos contar con un instrumento de democracia ambiental que sea efectivo en el más breve plazo posible. No me cabe duda que si unimos nuestros esfuerzos lograremos poner a la igualdad en el centro del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”, señaló Michelle Bachelet, mandataria chilena.
Por su parte, el Ministro de Medio Ambiente de Chile, Pablo Badenier, recalcó la importancia del proceso “que está demostrando un nuevo modelo de buenas prácticas en negociaciones internacionales. Un mayor y mejor acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental, redundará en una mayor legitimidad del sistema de gestión ambiental en cada país, ayudará a anticipar y prevenir los conflictos ambientales, y facilitará una gestión más eficiente de proyectos y programas, ya sean públicos o privados, incrementando así el nivel de protección de los recursos naturales”.
A su vez, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, resaltó que la democracia, la buena gobernanza y el estado de derecho son esenciales para el desarrollo sostenible. “Nuestra región puede ser protagonista de un acuerdo único que no aborda un tema ambiental específico, sino que vincula el medio ambiente con los derechos humanos y redefine las relaciones tradicionales entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil”, señaló.
“Los delegados aquí reunidos tienen la oportunidad histórica de cambiar el patrón de toma de decisiones. Nuestras democracias están en crisis y necesitan ser repensadas… En un escenario global de incertidumbres y desconfianzas, hoy más que nunca los países de nuestra región deben avanzar juntos de manera colaborativa hacia el desarrollo sostenible. La sostenibilidad con igualdad es la otra cara de la democracia. Por ello, los ciudadanos deben ser sujetos activos de cambio: nada sobre nosotros sin nosotros”, indicó Bárcena.
En tanto, las representantes del público Andrea Sanhueza y Karetta Crooks relevaron la necesidad de contar con un acuerdo vinculante en materias ambientales ojalá hacia fines de 2017 a más tardar. “El compromiso de ustedes, de los gobiernos, es hoy más necesario que nunca: para lograr una balanceada, armoniosa y sustentable coexistencia entre el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, debemos crear legislación moderna, que responda a los desafíos del siglo XXI en nuestro contexto regional”, indicaron.
En la sesión, las autoridades reafirmaron que la participación de todas las personas involucradas, en especial de las comunidades y de la sociedad civil, es fundamental para la democracia, así como el diálogo es esencial para recuperar la confianza y la gobernanza ambiental. “Solo con mayor acceso a la información, participación y justicia ambientales tendremos la oportunidad de hacer mejores políticas públicas”, recalcaron.
Los jueces reafirmaron además la relevancia de la educación para el desarrollo del medio ambiente y la búsqueda de mecanismos apropiados para acoger oportunamente las peticiones de las víctimas, para que ellas sean también sujetos activos en la resolución de los conflictos.