El calor es asfixiante mientras Américo Mosquera camina fatigosamente por un río somero con sus botas negras de hule. El hombre de 62 años conoce bien las aguas fangosas. Como muchos habitantes de Chocó, una provincia occidental de Colombia, Mosquera ha pasado años recorriendo las riberas en busca de metales preciosos. Pero eso se acabó. Hoy es el representante legal de un consejo del gobierno local que tiene la propiedad de un territorio del bosque tropical colombiano. Sin embargo, grandes partes de este están bajo el control de grupos armados que extorsionan a los habitantes y contaminan el agua en un esfuerzo para controlar el comercio ilegal de oro, valuado en 2400 millones de dólares.
Iniciada hace 52 años, la guerra civil de Colombia ha devastado la costa del Pacífico del país, de manera que se propuso a referéndum un acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionadas de Colombia (FARC), en el cual votó casi 80 por ciento de la ciudadanía. Pero el referéndum no aprobó el acuerdo debido, en buena parte, a una sólida campaña “no”, cuyos organizadores fueron mucho más astutos que sus oponentes para manipular a la opinión pública.
Muchos esperan que un plebiscito posterior apruebe el acuerdo, aunque pocos en Chocó creen que pueda liberarlos de los militantes izquierdistas y de los paramilitares de derecha que mantienen funcionando las operaciones auríferas. “Los mismos paramilitares y… guerrillas [de izquierda] se quedarán en la región”, dijo Mosquera acerca de quienes dominarán el comercio, si se aprueba el acuerdo de paz. “Es dudoso que los miembros de las FARC se desmovilicen o se unan a otros grupos armados”.
La mayor parte de la población de Chocó desciende de esclavos africanos traídos al Nuevo Mundo por los colonos españoles, a principios del siglo XVI. Aunque es una de las provincias colombianas más ricas en recursos, el censo más reciente señala que 79 por ciento de los habitantes no tiene acceso a viviendas adecuadas, agua potable y educación básica, y más de 60 por ciento vive por debajo del nivel de pobreza.
Esta gente siempre ha sido una de las más pobres de Colombia, pero hace décadas la tierra era fértil y los ríos proveían abundante pesca. Los lugareños han extraído oro como han hecho desde hace siglos: hundiendo grandes bateas de madera en el fondo de un arroyo y cribando el metal precioso.
Pero hacia fines de la primera década del nuevo siglo, cuando el precio del oro se disparó, paramilitares y grupos rebeldes, desde siempre implicados en el comercio de drogas, también empezaron a explotar el metal. Grupos armados han forzado a los lugareños a usar grandes máquinas para excavar las riberas de los ríos. Y no solo han destruido 19 000 hectáreas de bosque tropical en Chocó; también han contaminado el agua con cantidades masivas de mercurio, el cual se utiliza para separar el oro de otros minerales. Hoy Colombia solo es superada por China en contaminación por mercurio, según el Departamento Nacional de Planificación de Colombia. Y los habitantes han notificado gran diversidad de problemas de salud, desde temblores hasta pérdida de memoria.
Los residentes no pueden hacer mucho al respecto. Los grupos armados suelen intimidarlos y reclutarlos por la fuerza para buscar oro, o los extorsionan. A veces, los obligan a pagar un impuesto de guerra para continuar sus operaciones de minería, el cual no pueden cubrir. “La minería es la única oportunidad que tengo para sobrevivir en Chocó”, dice Didier Valencia, de 28 años, quien ha trabajado en el comercio del oro desde hace una década. “Si no es eso, no hay nada”. Tampoco es opción la minería en tierras que no controlan los grupos armados. A fines de los años 2000, el gobierno otorgó la mayor parte en concesiones a corporaciones multinacionales, como la sudafricana AngloGold Ashanti, sin el consentimiento de los residentes locales.
AGUAS TURBIAS: Grupos armados fuerzan a los lugareños a contaminar las aguas con mercurio, el cual se utiliza para separar el oro de otros minerales. FOTO: BRAM EBUS PARA NEWSWEEK
Hace poco, el presidente Juan Manuel Santos ha arremetido contra la minería ilegal. “No podemos permitirles que destruyan nuestro medio ambiente”, dijo, acerca de los grupos armados, luego de visitar Chocó a principios de año. Así que, para combatir a los mineros ilegales, ha designado una nueva unidad de 500 hombres integrada por miembros del Ejército y la Policía Nacional. Una de las estrategias centrales de la unidad es bombardear sus equipos.
Los mineros locales dicen que la represión gubernamental los ha dañado, mientras que ha dejado prácticamente incólumes a los grupos armados. “No somos criminales”, protesta Elpidio Palacios, un minero local y líder comunitario. “Pero el estado generaliza y no hace diferencias entre la minería criminal y la tradicional”.
Luis Pardo, director del grupo de estrategia Colombia Punto Medio y exempleado de la autoridad de minas del Estado, concuerda con esa opinión. “No tiene sentido combatir la minería ilegal”, asegura. “Para empezar, bombardeas una excavadora. Entonces, metes en la cárcel al tipo que opera la máquina, pero el pobre hombre vive en la región y solo trata se sobrevivir”.
“Luego, [la Policía Nacional y el Ejército] comunican a la prensa cómo están lidiando con la minería ilegal”, prosigue Pardo. “El verdadero propietario de las máquinas es un individuo que vive en las ciudades grandes. Así que tendrá suficiente dinero para comprar una excavadora nueva en tres semanas. Se morirá de risa. Por eso, el día que el gobierno de verdad quiera acabar con la minería ilegal, tendrá que ir tras los que invierten en la minería ilegal”.
Mosquera teme que ese día nunca llegue, aprueben o no el referendo por la paz. Al salir del río, se interna en la selva usando un machete para abrirse camino en la maleza. “Las autoridades se hacen de la vista gorda”, acusa.
El trabajo reporteril de Bram Ebus fue apoyado con una beca de GRID-Arendal, fundación noruega, y SKUP, la Fundación Noruega para la Prensa Libre e Investigativa.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek