Al final de cada mes, Rorisang Kamoli divide su salario, los aproximadamente 100 dólares que gana por inspeccionar pantalones vaqueros en una fábrica de Maseru, la capital de Lesoto. Una parte del dinero va para su esposo y su bebé, con la otra paga la escuela de sus hermanos, y con el resto compra alimentos para su padre y sus abuelos. Kamoli, de 27 años, es la única de todos ellos que tiene trabajo y debe su puesto a una fuente inesperada: un acuerdo comercial estadounidense.
Hace 16 años, el presidente Bill Clinton firmó la Ley de Crecimiento y Oportunidad de África (AGOA, por sus siglas en inglés), un acuerdo que permitió que cerca de tres docenas de países africanos vendieran a Estados Unidos una variedad de mercancías que iban desde la ropa hasta automóviles sin tener que pagar impuestos. En Lesoto, una pequeña nación montañosa rodeada por Sudáfrica, el resultado fue un repentino auge en la producción textil. La industria se convirtió rápidamente en la más grande del sector privado del país, produciendo prendas con un valor de 300 millones de dólares o más cada año para marcas estadounidenses como Old Navy y Wal-Mart. Para el gobierno de Clinton, ese era el objetivo.
El tratado comercial también produjo un cambio inesperado: ayudó a las mujeres de Lesoto. De acuerdo con la Asociación de Exportadores de Textiles de Lesoto, que es un grupo comercial de esa nación, alrededor de cinco personas dependen del salario de cada trabajador individual, y alrededor de 86 por ciento de los trabajadores textiles del país son mujeres. “Actualmente, las mujeres son las responsables de su familia”, señala Kamoli. Por primera vez en esta sociedad tradicionalmente dominada por los varones, las mujeres comenzaron a controlar el presupuesto familiar.
Sin embargo, estas ganancias podrían llegar a su fin. Debido a un intento de golpe de Estado en 2014 y a las confusas consecuencias políticas del mismo, Lesoto podría ser expulsado del acuerdo comercial estadounidense el próximo año. El acuerdo “tenía como objetivo ser… una manera de lograr más comercio recíproco entre Estados Unidos y estos países africanos”, afirma Cyril Prinsloo, investigador del programa de diplomacia económica en el Instituto Sudafricano de Asuntos Internacionales, un grupo de analistas con sede en Johannesburgo. Pero había ciertas condiciones: los países debían mantener “un progreso continuo” hacia un buen gobierno y estándares de derechos humanos o se arriesgaban a ser expulsados del programa.
Joshua Setipa, ministro de comercio e industria de Lesoto, calcula que si desaparece la industria textil del país, 300,000 personas de una población total de 2 millones perderán gran parte de sus ingresos. Esta cifra incluye a 40,000 trabajadores de la industria del vestido y personas que proporcionan servicios como alimentación y transporte a los empleados de las fábricas. Una reciente sequía ha hecho que otras 680,000 personas dependan de la ayuda alimentaria, por lo que una implosión de la industria del vestido podría producir una catástrofe.
“Un millón de personas hambrientas buscando empleo es una receta para el desastre”, señala Setipa. “Ningún país puede sobrevivir a eso. Si ponemos a tantas personas en la calle, tendremos una revolución social. Tendremos una revolución política”.
La crisis política de Lesoto comenzó en julio de 2014, cuando el entonces primer ministro Tom Thabane suspendió el parlamento del país para evitar un voto de censura. Dos meses después, una parte del ejército tomó por asalto las estaciones de policía de Maseru y rodeó el edificio gubernamental, matando a un oficial de policía. Thabane huyó a Sudáfrica. Desde entonces, varias rondas de mediación y una elección apresurada realizada en febrero de 2015 han aliviado la crisis. Sin embargo, el organismo gubernamental estadounidense que supervisa el AGOA indicó en un informe publicado en 2016 que le preocupaba que nadie hubiera rendido cuentas por los enfrentamientos de agosto de 2014. El organismo estadounidense argumenta que las luchas de poder violentas dentro del ejército podrían resultar “desestabilizadoras” para el país en general.
El año pasado, el Congreso estadounidense votó a favor de renovar el acuerdo comercial hasta 2025, pero la mayoría de los expertos afirman que es probable que ésta sea la última década de vida del mismo. Michael Froman, actual representante de comercio de Estados Unidos, ha dicho repetidamente que los países africanos deberían comenzar a pensar sobre cómo realizar sus actividades comerciales en otras formas.
Además de la destrucción económica general, a muchas personas de Lesoto les preocupa que el final del acuerdo también haga que las mujeres pierdan las ventajas profesionales y sociales de las que han gozado en años recientes. “Me siento poderosa porque yo soy la que gana dinero”, afirma Palesa Lefoka, de 23 años. “Siento que mi esposo me respeta más gracias a ello”.
Las trabajadoras de la industria del vestido fueron el primer grupo del país en exigir (y obtener) la baja por maternidad con goce de sueldo, señala la sindicalista Solong Senohe, una política que después se extendió a otras industrias. A las mujeres que trabajan en las fábricas de prendas de vestir también les ha resultado más fácil combatir el acoso sexual y otras disputas en el lugar de trabajo gracias a los auditores internacionales y a los estándares comparativamente altos exigidos por las marcas occidentales, afirma Mamohale Matsoso, comisionada del trabajo de Lesoto, cuya oficina es responsable de supervisar las leyes y estándares laborales.
Kamoli, la supervisora de pantalones vaqueros, señala que ha habido muchos momentos difíciles en la fábrica. Las jornadas son largas, los supervisores son severos y cada mes, su salario parece esfumarse antes de que pueda comparar todo lo que necesita. “Es malo en ocasiones”, señala. “Pero lo más importante es que no perdamos… estos empleos”.
—
RYAN LENORA BROWN fue miembro del Proyecto Wits China-África en Lesoto.
—
Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek