Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), ha infringido seis de 11 causales que, según el Código de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), son motivo de expulsión. Sin embargo, pese a las pruebas que en el último decenio han mostrado no sólo miembros priístas, sino también de oposición, el tricolor, por cuyas insignias ha buscado en tres ocasiones la candidatura al gobierno, evita sancionarlo.
El artículo 148 de este código dice, en los incisos VII y VIII, que la expulsión procederá cuando un miembro activo se solidarice con la acción política de partidos antagónicos, o promueva y apoye actos de proselitismo de otros candidatos, causales en las que, afirmó Christian Pulido Roldán, entonces dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), incurrió el líder del Grupo Universidad en el proceso electoral 2016, al usar ese instituto político para contender por diputaciones y alcaldías contra el Revolucionario Institucional.
Cinco días antes de la jornada comicial, el exdiputado local por el Verde acusó que hubo intromisión en la campaña política y “desvío de recursos” de la UAEH para el financiamiento de actividades proselitistas de candidatos afines a quien, a los 26 años de edad, en 1981, se convirtió en “académico de tiempo completo” del Instituto de Ciencias Sociales (Icso, ahora Icshu), dos años después de culminar su licenciatura en Derecho.
Pulido Roldán fue removido de su puesto tras esta declaración y el ofrecimiento de apoyo a Omar Fayad Meneses, por el presidente nacional de MC, Dante Delgado Rannauro, quien también inició su carrera política en el PRI, partido por el cual llegó a ser gobernador interino de Veracruz.
Con base en ésta y otras denuncias públicas, Sosa Castelán ha infringido cinco causales más que derivarían en su baja definitiva: realizar actos con la pretensión de provocar divisiones en el partido (inciso V); obstaculizar campañas (IV); realizar acciones políticas contrarias a los documentos básicos del PRI y propagar principios contrarios a éstos (III y II), así como atentar contra la unidad ideológica, programática y organizativa del partido (I).
Desde diciembre de 2008, un grupo de consejeros estatales exigió expulsar del PRI al entonces diputado federal por “traición, deslealtad y ambición de poder” al promover la creación de otro partido mediante el Proyecto de la Sociedad Hidalguense, cuyo representante legal era Antonio Mota Rojas, excandidato a la alcaldía capitalina por Movimiento Ciudadano. Lo anterior consta en un registro hemerográfico de La Jornada.