Los
afectados por la contaminación del río Sonora y el río Bacánuchi, con 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado, derramados
por la mina Buenavista del Cobre (BDC) -propiedad de Grupo México, acusan el
incumplimiento del plan resolutivo de la compañía y la desatención por parte de
las autoridades, a dos años del accidente.
El
accidente ambiental ocurrido el 6 de agosto de 2014, en el que se derramaron
40,000 metros cúbicos de residuos tóxicos, afectó a 22,000 habitantes del
estado de Sonora, quienes reclaman que dos años después, la empresa no ha
cumplido sus compromisos y han sido vulnerado sus derechos a la salud, el agua
y la participación y acceso a la información sobre los hechos.
Grupo
México se vio obligado por el Gobierno federal a crear un fideicomiso de 150
millones de dólares para reparación el daño. Dentro de sus compromisos, se
encuentra la instalación de 28 plantas potabilizadoras de agua, de las cuales
sólo se instaló una, que dejó de funcionar por falta de recursos. Los habitantes
continúan comprando agua embotellada y expuestos a la ingesta de agua contaminada
con metales pesados.
Dentro
del fideicomiso estaban contemplados pagos por afectaciones materiales a
personas, sin embargo, los recursos no llegaron. Anteriormente, la población de
Río Sonora disponía de una clínica provisional denominada Unidad de Vigilancia
Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), pero fue cerrada sin explicación alguna
en junio pasado, luego de que BDC retirara su apoyo económico.
En
la búsqueda de una solución integral, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS),
consiguieron que un tribunal de Arizona, Estados Unidos, abogara en su favor,
pidiendo a Southern Copper Corporation (SCC), casa matriz de Buenavista del
Cobre, la entrega de información sobre el derrame.
Hasta ahora, la empresa ha
ocultado la información completa sobre el incidente, y el Plan de Remediación
Ambiental no ha sido publicado porque BDC se ha amparado para impedir que se
divulguen los datos.
En marzo de 2015, la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) halló 55 irregularidades y la violación
de tres leyes de México para la conservación del medio ambiente, por lo que impuso
una multa a la empresa de 23,5 millones de pesos, equivalente al 0,22% del
flujo operativo que la empresa tuvo en el tercer trimestre de ese año.
La compañía se encuentra a
nombre de Germán Larrea, el segundo hombre más rico en el país. Es una de las
principales productoras de cobre en el mundo, con presencia en México, Perú y
Estados Unidos.