Mexicali, Baja California.- El homicidio del abogado Arturo Pérez Anguiano Scully, ocurrido el 29 de diciembre de 2025, detonó una nueva ola de indignación, temor y exigencias en el gremio jurídico de Baja California. La Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho de la UABC Zona Costa difundió un pronunciamiento oficial en el que condena enérgicamente el crimen y exige a las autoridades un esclarecimiento “total, inmediato y transparente” de los hechos, así como una investigación exhaustiva, imparcial y profesional que llegue hasta las últimas consecuencias.
El documento firmado por el presidente de la Asociación, Lic. Sergio Rubén Ramírez Carpio señala que el asesinato constituye “una grave afrenta al ejercicio profesional, a la legalidad y al Estado de Derecho”, subrayando que la agresión contra un abogado trasciende lo personal y representa un ataque directo a la justicia y al orden constitucional.
Un asesinato que hiere al gremio jurídico y exhibe vulnerabilidades
La muerte de Pérez Anguiano, un profesional reconocido por su trayectoria y vocación de servicio, profundizó el sentimiento de vulnerabilidad que ya permea entre jueces, litigantes, defensores públicos y expertos en derecho de la región.
Este hecho no ocurre en un vacío. En los últimos meses, Baja California ha sido escenario de atentados, amenazas y agresiones contra operadores del sistema de justicia, incluidos ataques a despachos jurídicos, homicidios de abogados docentes y denuncias de hostigamiento contra jueces y fiscales. Aunque cada caso se investiga de forma aislada, en conjunto configuran una narrativa preocupante: el ejercicio de la profesión jurídica se enfrenta a un escenario de riesgo creciente, particularmente en territorios donde la criminalidad organizada disputa control social y económico.
Para muchos integrantes del sector, los atentados recientes han generado una percepción generalizada de que el sistema de justicia opera bajo fuego, y que su labor concebida como garante de legalidad, se desarrolla con un nivel de exposición que no corresponde a un estado con funcionalidad plena de sus instituciones en materia de seguridad.
Una exigencia que trasciende el luto
La Asociación de Egresados advierte que este crimen no debe quedar impune ni en el olvido, y llama a la unidad del gremio para elevar la voz, repudiar la violencia y demandar condiciones mínimas de seguridad para el libre ejercicio de la profesión jurídica.
El posicionamiento también agradece el respaldo del Maestro David Jesús Rincón Rey, presidente de la Federación Estatal de Asociaciones, Colegios y Barras de Abogados del Estado, quien expresó solidaridad ante lo ocurrido y ofreció acompañamiento institucional.
El documento insiste en que la violencia “nunca debenormalizarse” ni transformarse en un obstáculo para quienes defienden la ley, la justicia y los derechos fundamentales. La frase final del pronunciamiento resuena como advertencia y llamado de urgencia:
“La justicia no es solo un ideal: es una obligación del Estado y una exigencia irrenunciable de la sociedad”.
El efecto en la población: temor, desconfianza y una herida social abierta
Aunque el atentado afecta directamente al gremio legal, el impacto social es mayor. En una ciudad donde los homicidios dolosos y las agresiones de alto impacto son parte cotidiana del panorama, el asesinato de un abogado como un actor central en la defensa de los derechos de la ciudadanía, alimenta el sentimiento de orfandad institucional.
En opinión de académicos y especialistas consultados para notas previas de Newsweek Baja California, cada vez que una figura asociada a la justicia es asesinada:
- Se debilita la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para proteger a quienes hacen cumplir la ley;
- Se envía un mensaje de intimidación que inhibe denuncias, litigios y defensas legales y;
- Se refuerza la percepción de que la impunidad domina el espacio público.
En un país donde más del 90 por ciento de los homicidios quedan sin sentencia, este tipo de crímenes visibles, simbólicos y de alto impacto, acentúan la idea de que incluso quienes conocen y ejercen la ley pueden ser vulnerables, lo cual proyecta al resto de la población una sensación de desprotección generalizada.
Un inicio de año marcado por una exigencia clara
A unas horas de cerrar el 2025, el gremio jurídico de Tijuana inicia 2026 con una demanda puntual: que el asesinato de un abogado no se convierta en otro expediente sin resolver.
Para sectores académicos, cámaras empresariales y organizaciones civiles, el caso será un termómetro para medir si la justicia de Baja California será capaz de enviar un mensaje distinto, uno que frene la normalización de la violencia y reafirme que el Estado de Derecho aún tiene defensores y también garantías.
Mientras la familia, colegas y amigos lloran a Arturo Pérez Anguiano, la pregunta que se repite en los pasillos de tribunales y facultades es una sola:
¿Puede un Estado proteger la justicia, si no logra proteger a quienes la ejercen?N