Por primera vez desde que asumió como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes, en mayo de 2024, Misael Ley Mejía compareció públicamente para fijar la postura institucional sobre las fallas registradas en el Sistema Integral de Unidad de Hemodiálisis (SIUH), a menos de una semana de su inauguración.
En un video difundido por las redes sociales del Instituto, el delegado leyó una tarjeta informativa emitida por la Coordinación de Comunicación Social, en la que se reconoce la muerte de un paciente renal asociada a esta situación. No obstante, el IMSS atribuye la responsabilidad a que clínicas privadas se negaron a brindar atención a los pacientes enviados por la institución.
“Se tomó la decisión responsable de referirlos de inmediato a clínicas privadas, con documentación que acreditaba que eran derechohabientes del IMSS y que el Instituto cubriría el costo de sus sesiones. Lamentablemente, algunas empresas no respetaron ese acuerdo” aseguró.
De acuerdo con Ley Mejía, fueron las empresas privadas las que pusieron en riesgo la salud de los pacientes. Sin embargo, testimonios de derechohabientes señalan que el sistema de ósmosis de la nueva unidad presentó fallas desde la tarde del viernes 5 de diciembre, y que fue hasta el sábado cuando el IMSS comenzó a canalizar a los nefrópatas a clínicas subrogadas, dinámica que se prolongó por lo menos hasta el lunes.
En su mensaje, el delegado también justificó la creación de esta unidad y acusó a las clínicas privadas —a las que se subrogaba el servicio— de haber incrementado sus precios de manera desproporcionada, pese a que fue el propio IMSS quien acordó los contratos con cuatro empresas proveedoras de hemodiálisis mediante licitación.
“El IMSS no puede ni va a ceder a pretensiones que rompen con la lógica de un precio justo y razonable, porque cada peso que se va a un sobreprecio es un peso que no se destina a atender más pacientes” se lee en el comunicado.
Finalmente, se asegura la calidad, continuidad y cobertura del servicio de hemodiálisis y se confirman acciones jurídicas contra las empresas que supuestamente negaron la atención, así como contra quienes tomaron las instalaciones en protesta por las deficiencias del servicio.