El ataque con drones explosivos contra la Unidad Especializada Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE), registrado la tarde del 15 de octubre de 2025 en Playas de Tijuana, no solo evidenció una nueva modalidad de violencia que cimbró a las autoridades mexicanas, sino también disparó un protocolo de alertas en el gobierno de Estados Unidos. La agresión, emanada de tres drones comerciales adaptados para lanzar artefactos explosivos, marca un punto de inflexión de la violencia criminal en la frontera y reconfigura la evaluación de riesgos en toda la región Cali-Baja, catalogada bajo el T-MEC como zona prioritaria en materia de seguridad, migración y comercio.
Eran poco después de las 19:00 horas cuando tres vehículos aéreos no tripulados conocidos como drones, descendieron sobre el patio de la unidad antisecuestros de la FGE, a menos de tres metros del suelo. El ataque previamente diseñado considero en cada uno de los tres aparatos transportar botellas plásticas rellenas de clavos, fragmentos metálicos y pólvora comprimida. Las explosiones dañaron vehículos oficiales y particulares sin víctimas fatales ni lesionados.
La titular de la Fiscalía General del Estado, María Elena Andrade Ramírez, calificó el ataque como una reacción directa de células criminales afectadas por investigaciones recientes: …“Estas explosiones son una llamada de atención deliberada, tenemos indicios de que provienen de células que fueron debilitadas por nuestras acciones”… Dadas las características del ataque la FGE turnó la investigación a la Fiscalía General de la República (FGR).
Este tipo de ataque marca un precedente grave para Baja California. Según analistas, es el primer caso documentado de drones armados lanzando explosivos contra instalaciones de justicia en la entidad. El uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV) para perpetrar atentados se tenía concebido como una táctica más común en contextos de conflicto armado internacional, hoy esta modalidad se perfila a una escalada en la sofisticación de los grupos delictivos en la frontera norte.
El ataque ocurre además en una región clave: Tijuana, que por su cercanía con California, Estados Unidos, funge como corredor para múltiples actividades ilícitas, y donde la seguridad y operaciones de justicia tienen una alta complejidad.
LA REACCIÓN DEL GOBIERNO DE EE.UU.
Las agencias estadounidenses han detectado un creciente uso de drones para cruce de drogas. El ataque en Tijuana eleva la amenaza ya que por primera vez en la región un dron transportó explosivos, no droga. Menos de 24 horas después del ataque, el Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos, advirtiendo del ataque y aconsejando mantenerse alejados de la zona y seguir las noticias locales.
En el comunicado se indicaba:
“We have received confirmation of the report of an attack on offices belonging to the Baja California state attorney general’s office in the Playas de Tijuana area. Initial reports indicate the attack included explosives with multiple explosions reported.”
La advertencia de Washington refuerza la dimensión transnacional de la amenaza, pues un atentado de estas características, junto a grupos delictivos activos en la frontera, coloca a los consulados y a la seguridad binacional en una zona de riesgo elevado.
Durante los últimos años, agencias estadounidenses han detectado un aumento en drones que cruzan desde México hacia San Diego y el condado Imperial, utilizados para transportar:
•fentanilo,
•metanfetamina,
•cámaras de video vigilancia,
•equipo táctico,
•incluso sistemas improvisados de cargamento.
Ese fenómeno, aunque serio, era manejable. Sin embargo, el ataque en Tijuana cambió el cálculo, ya que por primera vez en esta región, un dron no transportó drogas, sino explosivos. Y el hecho por sí mismo escala la amenaza a un nivel completamente distinto en la agenda binacional de riesgos para la seguridad nacional.
El riesgo binacional latente es motivo de preocupación a las agencias de EE.UU. La cercanía entre Playas de Tijuana y San Diego es crítica. Desde el sitio del ataque, un dron comercial puede cruzar la frontera en menos de dos minutos. Esa geografía convierte un incidente local en un asunto de seguridad nacional para ambos países y el el temor de Washington ya no es el narcodron, sino es el dron terrorista.
Si un grupo criminal es capaz de:
•armar un dron,
•lanzar un explosivo con metralla,
•atacar una fiscalía,
•y desaparecer sin ser rastreado…
…entonces también puede replicar ese modus operandi contra infraestructura crítica e instalaciones estratégicas estadounidenses:
•plantas como la nuclear de generación eléctrica en San Onofre State Beach en el Condado de San Diego,
•estaciones de agua,
•instalaciones de comunicación,
•cruces fronterizos,
•o incluso bases militares como Camp Pendleton o la Base Naval de San Diego.
Lo que antes parecía un escenario de inteligencia militar hoy es un riesgo plausible.
ANTECEDENTES DE UNA ESCALADA NACIONAL
Los primeros registros abiertos de drones usados como arma en la región se remontan a julio del año 2018 en Tecate, Baja California, cuando un aparato fue empleado en un ataque intimidatorio contra la residencia particular del entonces secretario de Seguridad Pública Estatal, Gerardo Sosa Olachea. Uno de los drones llevaba un artefacto explosivo que no llegó a detonar, pero marcó un precedente, pues los grupos criminales habían descubierto el potencial de los vehículos aéreos no tripulados como plataforma para lanzar explosivos.
A partir de ahí, el fenómeno se desplazó y se intensificó sobre todo en la región del Bajío y el Pacífico, con particular crudeza en Michoacán, Jalisco, Guerrero y Tamaulipas, donde distintas células criminales han usado drones caseros cargados con explosivos para atacar a rivales y fuerzas de seguridad.
El ataque en Tijuana se inscribe en una tendencia nacional:
– 2018, Tecate: primer uso documentado de dron armado con explosivos.
– 2020–2021, Michoacán: ataques con drones caseros cargados con explosivos.
– 2020, Puebla: decomiso de componentes para plataformas armadas.
– 2022–2024: normalización del uso criminal de drones explosivos.
– 605 ataques registrados por Sedena desde 2020.
En los últimos años se pueden identificar algunos hitos clave:
•2018 – Tecate, Baja California. Primer caso documentado de un dron armado empleado con fines intimidatorios contra un funcionario de seguridad estatal. El explosivo no detona, pero exhibe el cambio de paradigma.
•2020 – 2021: Michoacán como laboratorio de guerra. En comunidades como Aguililla, Tepalcatepec y El Aguaje, vinculadas a la disputa entre el grupos criminales rivales, se registran ataques con drones cargados con explosivos, en algunos casos presuntamente con C4 en contra de policías y pobladores. Dos agentes de la SSP de Michoacán resultan heridos en un ataque con dron en abril de 2021, hecho que el propio Ejército mexicano reconoce públicamente.
•2020: decomiso de “arsenal terrorista” en Puebla. En San Andrés Cholula, Puebla, autoridades federales aseguran un conjunto de armas, explosivos y componentes específicamente destinados a adaptar drones comerciales como plataformas armadas, confirmando que los grupos criminales ya no sólo experimentan, sino que montan capacidades más sistemáticas.
•2022–2023: expansión territorial y normalización. Informes periodísticos en fuentes abiertas y de fuentes oficiales de seguridad documentan que el uso de drones explosivos deja de ser “exótico” y se vuelve una herramienta recurrente en estados como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, tanto para ataques directos como para hostigar a comunidades y fuerzas armadas.
•Desde 2020 a la fecha: centenas de ataques. Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) citados en investigaciones periodísticas dan cuenta de al menos 605 ataques con drones equipados con explosivos registrados desde 2020, con mayor incidencia en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. Paralelamente, el Ejército reporta el decomiso de al menos 23 drones que iban a ser utilizados con cargas explosivas entre 2021 y 2023.
•2022–2025: drones y minas como parte del “paisaje criminal”. Crónicas recientes describen cómo, en regiones como La Ruana, Michoacán, los drones se han convertido en armas que destruyen patrullas, casas y bases de seguridad, a la par del uso de minas antipersona, consolidando un escenario de baja intensidad con patrones de guerra asimétrica contra el Estado y la población civil.
CÓMO SE ENCUADRA EL ATAQUE EN TIJUANA DENTRO DE ESTE PATRÓN
Dentro de este contexto, el ataque del 15 de octubre de 2025contra la unidad antisecuestros de la Fiscalía de Baja California no es un hecho aislado ni meramente local:
•Baja California fue, paradójicamente, uno de los primeros estados donde se documentó un dron armado (Tecate 2018) y hoy vuelve a colocarse en el foco con un ataque directo contra instalaciones de procuración de justicia.
•El modus operandi de drones comerciales adaptados, artefactos explosivos de manufactura casera con metralla y el ataque contra instalaciones estatales, reproduce patrones ya ensayados en el centro del país, pero ahora en una zona fronteriza estratégica.
•La reacción de la Fiscalía estatal, encabezada por María Elena Andrade Ramírez, al calificar el hecho como “terrorismo” y vincularlo con los golpes previos de la institución contra células criminales, sintoniza con las advertencias que ya venían formulando mandos militares y analistas sobre la escalada tecnológica del crimen organizado.
RESPUESTA DEL ESTADO MEXICANO
El incremento de estos ataques ha obligado al Estado a reaccionar en varios frentes:
•Marco legal: el Ejecutivo federal envió al Congreso iniciativas para reformar el Código Penal Federal e incrementar las penas por el uso de drones con explosivos, con propuestas de sanciones de hasta 60 años de prisión en los casos más graves.
•Operaciones y decomisos: Sedena y Guardia Nacional han intensificado los operativos para decomisar drones, explosivos y componentes de armado, al tiempo que se desarrollan capacidades de detección, inhibición de señales y neutralización de aeronaves no tripuladas.
•Narrativa oficial: el propio Ejército ha advertido públicamente que el uso de drones y explosivos por parte de los cárteles y grupos criminales se aproxima a conductas de tipo terrorista, por el efecto de terror generalizado y desplazamiento de comunidades.
LO QUE DICE LA FGE: “NO VAMOS A PERMITIR QUE LOS CRIMINALES DEFINAN LA AGENDA DE SEGURIDAD”
Posterior al ataque, la fiscal general María Elena Andrade declaró que la agresión podría considerarse “un acto de terrorismo” y advirtió que la institución no cederá ante intentos de intimidación, sostiene que la Fiscalía mantiene operativos estratégicos, refuerzos de vigilancia y colaboración directa con la FGR y fuerzas federales.
Andrade enfatizó que el crimen organizado está evolucionando, pero también lo hará la respuesta institucional: inhibidores de señal, protocolos anti-dron, análisis de espacio aéreo y mayor coordinación nacional e internacional.
UN PUNTO DE INFLEXIÓN PARA LA REGIÓN CALI-BAJA
El ataque del 15 de octubre no fue solo un golpe a la infraestructura de procuración de justicia; fue una señal que redefine los retos de seguridad en la frontera más transitada del mundo, por ende, las autoridades mexicanas deberán fortalecer su capacidad de detección y neutralización aérea. Por su patte las estadounidenses, reforzar sus fronteras ante un nuevo vector de amenaza, y en su conjunto la región binacional tendrá que enfrentar un escenario donde un dron de bajo costo puede convertirse en un arma estratégica.
Tijuana vuelve a ser un punto de quiebre, pero también puede convertirse en el punto de partida para una cooperación más profunda en seguridad aérea, inteligencia y prevención. N