Ciudad de México.- La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA México) en voz de su Vicepresidente Nacional de Seguridad, Edgardo Flores Campbell, expreso su enérgica condena y profunda consternación por el cobarde asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán.
Preciso que este crimen refleja una dolorosa y persistente realidad, que no solo enluta a una comunidad, sino que representa una severa advertencia sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en diversas regiones del país. La violencia que hoy golpea a funcionarios públicos, empresarios, trabajadores y ciudadanos por igual, pone en riesgo la estabilidad social.
Señalo reconocer los esfuerzos que se han venido haciendo en materia de seguridad asegurando que el reto es mayúsculo, por ello, el Consejo Directivo Nacional de la Canacintra hace un llamado urgente al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Michoacán para el pronto esclarecimiento de los hechos, y ejemplar castigo a los responsables del crimen a efecto de garantizar un México seguro y en paz.
Los recientes hechos violentos reflejan el deterioro del Estado de Derecho que va generando una condición de vulnerabilidad que enfrenta la industria nacional ante la expansión de la violencia, el contrabando y la corrupción institucional.
“No se trata de un caso aislado. Lo que estamos viendo en Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Zacatecas y Baja California entre otras entidades federativas, es el reflejo de una crisis de inseguridad que ya alcanzó también a las cadenas productivas del país”, advirtió Edgardo Flores Campbell, vicepresidente nacional de Seguridad, Combate a la Piratería y Contrabando de CANACINTRA México, en entrevista con Newsweek en Español.
Flores Campbell señaló que la industria de la transformación atraviesa por una situación de vulnerabilidad sin precedentes, donde las capacidades institucionales se han visto rebasadas en varias entidades federativas. “Hoy tenemos reportes de ataques a transportistas en tramos carreteros estratégicos, robo de mercancías y extorsión a empresarios mediante la modalidad del cobro de piso. A ello se suma la pérdida de vidas humanas, entre ellas las de líderes empresariales, activistas y ahora autoridades municipales, víctimas directas de la violencia criminal”, puntualizó.
El vicepresidente explicó que el contrabando y la piratería representan un fenómeno donde el crimen organizado incursiona en nuevos y diversos mercados ilícitos, lo que erosiona la competitividad y el empleo formal. “La corrupción y la impunidad en aduanas son la puerta de entrada a un daño económico estructural que afecta a la industria y al erario público en perjuicio de las arcas del propio gobierno, al privarlo de ejercer su potestad tributaria”, sostuvo.
Según datos de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y la propia CANACINTRA, el contrabando y la piratería generan pérdidas anuales superiores a los 250 mil millones de pesos, equivalentes a cerca del 1.2 por ciento del PIB nacional. Los sectores más afectados son:
• Textil y confección: pérdidas estimadas en 60 mil millones de pesos anuales, derivadas del ingreso ilegal al país de prendas y calzado sin control fiscal ni sanitario.
• Tabaco: el comercio ilícito alcanza el 19% del total de cigarrillos vendidos, con una evasión de impuestos cercana a los 16 mil millones de pesos cada año.
• Bebidas alcohólicas: la introducción de producto apócrifo o adulterado representa pérdidas de más de 20 mil millones de pesos para el fisco y para las empresas formales, poniendo en grave riesgo la salud de los consumidores.
• Industria musical y audiovisual: la piratería digital continúa costando más de 12 mil millones de pesos anuales, afectando a artistas, productoras y plataformas legales.
• Software y programas de cómputo: México registra una tasa de piratería del 57%, una de las más altas de América Latina, lo que implica pérdidas de alrededor de 30 mil millones de pesos y una significativa reducción en la inversión tecnológica formal.
En conjunto, estos ilícitos privan al Estado mexicano de más de 70 mil millones de pesos anuales en materia de recaudación fiscal que podrían destinarse a infraestructura, educación y seguridad pública.
Para Flores Campbell, el problema no es solo económico sino estructural. “La inseguridad y el contrabando son síntomas de una crisis institucional: falta de controles internos, debilidad de las policías locales, colusión de (servidores públicos) y una justicia que no garantiza consecuencias. El resultado es un entorno donde la ley se percibe opcional y la ilegalidad rentable.”
Sostuvo que los propios datos de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondiente al tercer trimestre de 2025, muestran que 67.4% de los mexicanos considera inseguro vivir en su ciudad. En zonas industriales clave como Celaya, Fresnillo, Ecatepec y Uruapan, esa percepción supera el 85%. Más del 55% de la población asegura haber sido testigo de delitos o actos de violencia en su entorno inmediato.
En su comunicado, CANACINTRA llamó al Gobierno Federal y al Gobierno estatal de Michoacán a garantizar el esclarecimiento de los hechos violentos y aplicar acciones coordinadas y efectivas para recuperar la confianza. “México debe ser un Estado fuerte, que preserve la vida, la libertad y la seguridad de todos sus ciudadanos”, señala el documento.
Flores Campbell aseguró que el sector industrial reitera su compromiso con el país y su desarrollo sin menos cabo de exigir acciones firmes, coordinación efectiva y resultados tangibles en materia de seguridad y justicia. Concluyó que la seguridad ya no puede seguir siendo un tema retórico: “La productividad, la inversión y la competitividad de México dependen de garantizar condiciones mínimas de certeza y Estado de Derecho. No habrá industria próspera si el miedo se vuelve parte del costo operativo”. N