El plebiscito que servirá para validar los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aprobado la víspera por la justicia, “es ilegítimo”, aseguró el expresidente Álvaro Uribe, férreo opositor a la negociación con esa guerrilla comunista.
El expresidente que estuvo en el poder de 2002 a 2010, y actual senador hizo estas declaraciones luego de que la Corte Constitucional declarara viable la víspera la realización de un plebiscito como mecanismo de refrendación del acuerdo final de paz que el gobierno de Juan Manuel Santos firmará con las FARC para poner fin a medio siglo de conflicto armado.
“Haber bajado el umbral del 50 al 13 por ciento, con la anotación de que es un 13 por ciento (del censo electoral que debe votar) por el sí, 4 millones 500 y tantos mil votos, es una trampa del gobierno, pero el gobierno y el Congreso pueden hacer eso porque infortunadamente la Constitución del 91 no definió el umbral”, detalló el expresidente.
“Entonces, ¿qué sigue? Yo creo que nosotros no podemos quedarnos en la sentencia de ayer, aquí lo que hay que hacer es seguir denunciando la gravedad de lo acordado y el 20 de julio hay una reunión de (su partido) Centro Democrático (…) para definir entre el ‘no’ y la abstención” en el marco de la campaña del plebiscito, dijo.
Uribe, convencido de que el acuerdo permitirá una gran “impunidad”, dijo que emitirá un comunicado al respecto más tarde este martes y aseguró también que “por ahora hay que seguir con una erguida, argumentada, repetida denuncia de la gravedad de los acuerdos de La Habana”.
Las FARC y el gobierno negocian desde noviembre de 2012 un acuerdo de paz en Cuba.
El pasado 23 de junio, las partes sellaron las condiciones del alto al fuego definitivo, el desarme de los rebeldes y convinieron acatar la decisión de la Corte sobre el mecanismo de validación del pacto final, que se espera firmen próximamente.
La Corte Constitucional validó la realización del plebiscito, que había sido propuesto por el gobierno y aprobado por el Congreso, a la vez que aceptó que para que el mismo se considere válido, los votos por el “sí” correspondan al menos a 13 por ciento del censo electoral, unos 4.5 millones de personas.
También permitió que los funcionarios participen en la campaña, que sin embargo no podrá ser financiada con fondos públicos.