Luego de una reunión en la comunidad del Ramillete en Dolores Hidalgo, el Fiscal de Guanajuato, Gerardo Vazquez Alatriste y personal de la empresa Agroverdi firmaron un acuerdo reparatorio tras la denuncia por presunta trata de personas y explotación laboral que afectaron a 700 jornaleros agrícolas, la mayoría provenientes de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Después de un recorrido por el sitio, se firmó un convenio, resultado de un proceso de diálogo y mediación que busca mejorar integralmente las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros mediante acciones en vivienda, salud, educación y derechos laborales, con plazos definidos y supervisión constante.
En la firma, personal de Agroverdi destacaron los avances en infraestructura y adecuaciones en el lugar.
“Pues hacer instalaciones de mejor calidad, instalaciones donde los niños tengan toda la atención que necesita un niño, ya que tu niñez tiene mucho que ver en tu vida”, señalaron al presentar los primeros cambios en el albergue.
En el recorrido se mostró la colocación de ventiladores, señalética y medidas de higiene en pasillos y sanitarios, con el fin de evitar que los trabajadores tengan que trasladarse hasta la ciudad para servicios básicos.
La Fiscalía indicó que el acuerdo establece que Agroverdi construirá una guardería y mejorará áreas de cocina y baños antes del 12 de marzo de 2026, entregando reportes mensuales de avance a la dependencia.
Asimismo, deberá cumplir plenamente con la Ley Federal del Trabajo, garantizando jornadas legales, pago de horas extra, salarios dignos y prohibiendo la contratación de menores.
También, se indicó que en materia de salud, se ofrecerá atención médica permanente las 24 horas, además de capacitaciones para atender emergencias.
“Están recibiendo ahorita capacitación por parte de la Secretaría de Salud..precisamente para atender emergencias o contingencias que pudieran pasar en el albergue”, añadió personal de la empresa.
En el ámbito educativo, la empresa trabajará con el INAEBA para garantizar acceso a la enseñanza básica y talleres formativos. Incluso se mencionó la posibilidad de talleres para madres trabajadoras.
“Que la gente se mantenga ocupada en otras actividades, sobre todo que tengan una mejor situación de vida, y no nada más de ser trabajadores”, explicó personal durante el recorrido.
Por su parte, el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste enfatizó que este acuerdo no busca únicamente sanciones, sino una justicia restaurativa que permita condiciones dignas para las familias jornaleras.
También, advirtió que el incumplimiento podría reactivar procesos legales, mientras que su éxito, podría sentar un precedente nacional en la protección de los derechos laborales del sector agrícola.