Los registros de pasajeros aéreos (PNR por su sigla en inglés) que entran en vigor a fin de mes en México generan inquietud en la Unión Europea (UE), cuya legislación prohíbe transmitir datos personales fuera del marco de un acuerdo.
En un documento transmitido a los miembros de la UE, España considera “urgente” que se trate la situación e insta a que la Comisión Europea “inicie de manera urgente un diálogo constructivo con las autoridades mexicanas y argentinas” con el fin de negociar un acuerdo y, a la espera, que se obtenga una “moratoria” de esas medidas.
México aprobó una legislación que obliga a las compañías aéreas a transmitir de manera anticipada una serie de datos obtenidos durante los procedimientos de reservas y chequeo de los pasajeros.
México aprobó esta legislación en 2012 y desde entonces las autoridades mexicanas pospusieron su aplicación en tres ocasiones, señala el documento de la delegación española que destaca que “la actual moratoria expira el 1 de abril”.
Las autoridades mexicanas “dieron muestra de flexibilidad hacia la UE, posponiendo la entrada en vigor de esta legislación y reduciendo el monto de las sanciones”, agrega.
Sin embargo “quedó claro que no extenderá la actual moratoria a menos que la UE se comprometa a negociar un acuerdo PNR que siente el marco legal para transferir datos”.
El documento detalla que las multas a las compañías aéreas pueden alcanzar hasta 30.000 dólares por vuelo si no cumplen la legislación.
El llamado Registro de Nombres de Pasajeros (PNR, en inglés) es creado por las empresas aéreas y recoge los datos obtenidos durante los procedimientos de reservas y chequeo.
La lista incluye el nombre, dirección, número de teléfono, detalles de las tarjetas de crédito, agencia de viajes, equipaje y número de asiento de cada pasajero, así como “información sensible”, a menudo relacionada con la elección religiosa de una comida o pedido de ayuda ante problemas médicos.
La legislación europea prohíbe transferir datos personales. Por ello el bloque negoció en el pasado de manera bilateral acuerdos específicos con Estados Unidos, Australia y Canadá, así como con Brasil. Estos países aprobaron legislaciones sobre el PNR.
El acuerdo negociado con Estados Unidos prevé que los datos solo ser utilizarán en la lucha contra el “terrorismo” o crímenes graves, y que en Estados Unidos son sancionados con pena mayor a tres años de cárcel.
Esos datos se podrán guardar solo 10 años en el caso de los crímenes graves, o 15 años para los delitos de terrorismo.
En el caso de Canadá, la aplicación está suspendida debido a que el Parlamento Europeo denunció el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por este motivo, explican en la Comisión Europea, Bruselas consideró que no era “oportuno iniciar negociaciones sobre el PNR con otros terceros países, inclusive México, antes de que se conozca el fallo” del tribunal.
Una portavoz de la Comisión aseguró que están “en contacto con las autoridades mexicanas para hallar un acuerdo mutuamente aceptable”.
Ante la “ausencia de derecho europeo” que regule la transferencia de datos, agregó la portavoz, “conviene a las autoridades nacionales de protección de datos en los Estados miembros de la UE determinar si las compañías aéreas pueden transferir los datos de los pasajeros”.
Una fuente diplomática consideró sin embargo que la posición de los 28 es la de no esperar a que se pronuncie la justicia para avanzar sobre un acuerdo bilateral con terceros países.
Los ministros de Justicia tratarán el tema el viernes en un reunión en Bruselas.
Los atentados de París de principios de enero dieron un nuevo empujón a la adopción de una legislación europea sobre un registro único de pasajeros.
Desde 2011 el texto presentado por la Comisión está bloqueado en el Parlamento Europeo a la espera de que se incorporen garantías sobre la protección de las libertades individuales.