Las empresas que operan en Durango deberán asumir mayores responsabilidades en materia de protección civil y seguridad laboral, luego de que el Congreso local aprobara reformas que obligan a clasificar los centros de trabajo según el nivel de riesgo que representa su actividad.
Con los cambios a la Ley de Protección Civil del Estado, la prevención de accidentes y la atención de emergencias deja de ser una tarea exclusiva de las autoridades y se extiende de forma directa al sector privado. A partir de ahora, las empresas deberán ajustarse a lineamientos específicos de acuerdo con la peligrosidad de sus procesos y la exposición de sus trabajadores.
La reforma establece que los centros laborales serán evaluados conforme a un catálogo y normatividad vigentes, lo que permitirá determinar qué tipo de obligaciones deberán cumplir. Entre ellas se incluyen la elaboración de programas internos de protección civil, la capacitación del personal y la participación en fondos destinados a la prevención y respuesta ante emergencias.
Además, los programas internos de protección civil deberán ser revisados, validados y registrados cada año, con el objetivo de que se mantengan actualizados y acordes al nivel de riesgo real de cada empresa. Esta revisión busca evitar que los protocolos se queden sólo en el papel y no respondan a las condiciones actuales de los centros de trabajo.
Otro de los puntos es que las cuotas que deberán cubrir las empresas para la aprobación de estos programas ya no serán uniformes, sino que se definirán con base en la clasificación de riesgo asignada. Esto implica que las actividades con mayor peligrosidad tendrán mayores exigencias y costos asociados.
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