La recién aprobada Ley de Aguas Nacionales no solo impacta de manera directa al sector agrícola, sino también a diversas actividades económicas que requieren agua en sus procesos productivos, como es el caso de la industria de la construcción, donde ya se analizan los alcances de la nueva legislación para adaptarse a los cambios normativos.
Arentsen Dávila Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), confirmó que, de entrada, la reforma podría limitar el acceso al recurso hídrico para proyectos de obra, los cuales dependen en gran medida del uso de agua potable durante distintas etapas del proceso constructivo.
“Todos los procesos de construcción llevan agua; con esta reforma, se ve una disminución en pozos que estaban activos para ser aprovechados en la construcción. Recordemos que uno de los puntos importantes de la construcción es que en algunos de los procesos debe de ser agua potable, entonces esto sí nos impacta” explicó.
No obstante, el líder del gremio consideró que la nueva Ley de Aguas Nacionales también representa una oportunidad para optimizar los procesos de saneamiento del agua, así como para impulsar mejores prácticas de reutilización y consumo responsable, ya que —pese a las limitantes que pudiera generar— la intención es que el desarrollo de proyectos no se detenga.
“Al volver tan estrictos los usos de suelo, y que algunos pozos tienen el uso no agropecuario, de construcción, personal y/o por cierto número de horas, nos impacta porque se reducen mucho las fuentes de consumo para el agua, pero es un área de oportunidad para que las plantas tratadoras tengan un mejor saneamiento” añadió.
Se estima que una obra de construcción típica utiliza entre 2,000 y 4,000 litros de agua por día. Este consumo se debe a actividades como el riego del suelo, la preparación de materiales de construcción, la limpieza de equipos y la satisfacción de las necesidades básicas de los trabajadores.