Diputadas y diputados de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD en el Congreso de Aguascalientes expresaron su postura en contra de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que impulsa Morena en el Congreso de la Unión. Señalaron que la propuesta podría generar efectos adversos para el campo, la actividad agrícola y la estabilidad económica de familias rurales en distintas regiones del país.
Las y los legisladores informaron que, en semanas recientes, han sostenido reuniones con campesinos, productores y representantes del sector hídrico del estado, quienes manifestaron preocupación por los alcances de la iniciativa. De acuerdo con estos actores, la reforma podría vulnerar derechos adquiridos, generar incertidumbre legal sobre el uso del agua e inhibir inversiones en la producción agrícola.
En tribuna, el diputado Heriberto Gallegos Serna afirmó que los grupos parlamentarios están dispuestos a respaldar al sector agrícola ante cualquier afectación: “Queremos dejar claro que los productores no están solos; acompañaremos sus causas y actuaremos para evitar decisiones que pongan en riesgo su patrimonio”.
Las y los legisladores del PAN señalaron que una reforma hídrica debe garantizar el derecho humano al agua sin afectar la seguridad jurídica de los productores ni convertir el recurso en un instrumento de control político. Añadieron que la propuesta federal no resuelve el problema de fondo, pues no incluye inversión en infraestructura ni mecanismos sólidos de financiamiento.
Los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD también destacaron que la modificación podría impactar el valor de la tierra, limitar la transmisión de predios y afectar la viabilidad económica del sector, lo que ha detonado manifestaciones y protestas en diversas entidades. A ello se suma, indicaron, la rapidez con la que se busca aprobar la reforma, sin una consulta amplia con los sectores afectados, especialmente pequeños productores y comunidades rurales.
Finalmente, hicieron un llamado al Congreso de la Unión para detener el proceso de aprobación y abrir un diálogo nacional que permita construir una legislación técnica, moderna y consensuada, orientada a atender la crisis hídrica sin poner en riesgo la producción agrícola del país.