El dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Aguascalientes, Carlos Estrada Valdez, se sumó a la serie de voces opositoras a la nueva Ley de Aguas Nacionales propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum el pasado mes de octubre, al considerar que criminaliza al productor y atenta contra la certeza jurídica de sus tierras.
En rueda de prensa, el líder del gremio enlistó los cuatro principales puntos a los que se oponen, advirtiendo que representan un riesgo para el desarrollo del campo en la entidad:
- Transmisión de derechos: Desaparece esta figura, por lo que ya no se podrá heredar, vender o ceder los derechos de agua junto con la tierra.
- Prórroga de concesiones: Productores solo tendrán 6 meses previos al vencimiento de su concesión para renovarla, lo que consideran inviable.
- Golpe a los derechos adquiridos: Redacción ambigua que abre efectos retroactivos a la nueva ley.
- Delitos hídricos: Convierte a delitos penales los que anteriormente eran delitos administrativos, acusan criminalización.
“Cuando se tocan los derechos sobre el agua, se está tocando al productor y a la viabilidad del campo mexicano. La CNC ha aportado una propuesta responsable con soluciones técnicas y jurídicas que mantienen la certidumbre en las concesiones y transmisiones, evitando que estos cambios perjudiciales se conviertan en ley” subrayó.
De la mano de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de la Unión, el CNC buscará modificar los puntos anteriormente mencionados y planteará mejoras en el manejo eficiente del líquido para que este perdure a mediano y largo plazo.
“Decimos bienvenida la regularización del derecho humano al agua, porque nadie defiende más el derecho al agua que quienes la cuidan y la hacen producir, pero nunca será bienvenida una reforma que castigue, despoje o criminalice al productor” concluyó.
Pese a las tensiones existentes respecto a este nuevo marco jurídico del agua, la bancada mayoritaria en el Congreso ha avanzado rápidamente en su proceso legislativo y se prevé que sea aprobada antes del 15 de diciembre próximo.
El reclamo en el que han coincidido quienes se oponen, es la transferencia entre particulares, de modo que se obliga a que estas regresen al Estado para su reasignación por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).