El sistema penitenciario debe implementar un régimen que garantice el cumplimiento de las obligaciones alimenticias incluso cuando el deudor se encuentre en reclusión, es la propuesta que se realizó en el Congreso del Estado.
De acuerdo con el diputado Fernando Rocha Amaro, se tiene el objetivo de proteger los derechos de las personas acreedoras de pensión alimentaria al reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Señaló que esta medida es necesaria para atender a las familias que enfrentan una doble carga: la separación de un integrante y la falta de recursos económicos.
Destacó que muchas madres quedan solas y los niños dependen de apoyos que, actualmente, podrían no llegar debido a la reclusión de quien debe proporcionar la pensión.
El legislador panista recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho a recibir alimentos no puede suspenderse bajo ninguna circunstancia, y subrayó que la reforma propuesta busca reafirmar que la responsabilidad familiar persiste aun durante la condena.
La iniciativa contempla la creación de un modelo en el sistema penitenciario que asegure el pago de las obligaciones alimentarias, garantizando justicia y protección a los acreedores, sin aumentar la carga punitiva sobre las personas privadas de libertad. Según Rocha Amaro, “una reinserción sin responsabilidad familiar es una reinserción incompleta”.
El diputado concluyó que esta reforma representa un compromiso con la niñez y con las familias, garantizando que los hijos no pierdan su sustento en circunstancias adversas y fortaleciendo la responsabilidad social dentro del proceso de reinserción.
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