El Congreso de Durango analiza una iniciativa para sancionar penalmente a quienes ayuden a un deudor alimentario a ocultar ingresos o simular falta de recursos, con el fin de reducir el monto de la pensión para sus hijos. La propuesta fue presentada por la diputada priista Rocío Rebollo Mendoza, quien advirtió que la evasión de obligaciones familiares se ha convertido en una práctica recurrente.
De acuerdo con lo declarado es común que algunas personas lleguen a acuerdos con empleadores para reportar ingresos menores a los reales, afectando directamente a niñas, niños y adolescentes que dependen de esa pensión.
“Hay quienes reportan cinco mil pesos cuando ganan 15 mil; al final entregan apenas unos cuantos pesos a la semana, insuficientes para cubrir necesidades básicas”, señaló.
La iniciativa plantea reformas al Código Penal del Estado para tipificar como delito esta colaboración fraudulenta. Las sanciones propuestas van de seis meses a tres años de prisión, multas de 150 a 600 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) y la posibilidad de exigir reparación del daño.
Rebollo Mendoza destacó que, actualmente, la ley sólo sanciona al deudor directo, dejando sin consecuencias a quienes participan en el ocultamiento de recursos. Esto, dijo, ha permitido que el fraude alimentario se normalice y afecta principalmente a mujeres e infancias.
itó datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que señalan que más del 70 por ciento de las mujeres que demandan pensión enfrentan evasiones constantes, y tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben lo que les corresponde.
“El incumplimiento de la pensión alimenticia es violencia económica, y quienes la facilitan también deben responder ante la ley”, afirmó.
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