EL GINECOBSTETRA JESÚS LUJÁN IRASTORZA, PRÓFUGO DE LA JUSTICIA EN MÉXICO y conocido como el “rey del parto inducido”, está detenido en el Centro de Detención Otay Mesa, en San Diego, California, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE.
Esto a casi 11 meses de que el 20 de diciembre de 2024 se reactivara una orden de aprehensión en su contra tras meses de evadir la justicia pretextando condiciones de salud, y al incumplir un ultimátum de un juez en la Ciudad de México para presentarse a audiencia.
DETENCIÓN Y CONTEXTO LEGAL
El ICE realiza detenciones para hacer cumplir las leyes migratorias de los Estados Unidos, con lo que identifica y arresta a personas que se encuentran ilegalmente en ese país, para ejecutar órdenes de deportación. Sin embargo, en este caso las autoridades mexicanas podrían solicitar su extradición para cumplimentar, finalmente, la orden de aprehensión que pesa en su contra.
El médico enfrenta diversas denuncias penales por práctica indebida del servicio médico, luego de que se hicieran públicos más de 50 señalamientos por violencia obstétrica y negligencia médica que incluso motivaron demandas civiles desde 2009, y tras la conformación del colectivo Con Ovarios, que reúne a varias de sus víctimas.
ANTECEDENTES Y DENUNCIAS
Estos casos fueron documentados en una investigación publicada por Animal Político en marzo de 2023. Un año después, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión en su contra, en respuesta a lo cual él se amparó para enfrentar su proceso en libertad, pero evadió presentarse ante el juez por meses bajo el argumento de dificultades de salud.
Una vez bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses, estas tendrán que tomar decisiones sobre su condición en ese país, con la posibilidad de una eventual deportación para que enfrente sus procesos legales en México.
ACUSACIONES DE CENSURA
Un año después de que su caso se hiciera público, y cuando ya pesaban sobre él denuncias penales, el médico demandó por la vía civil a dos medios y dos periodistas que expusieron su caso. Ante ello, la jueza del Juzgado Cuadragésimo Primero de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, Ana Mercedes Medina Guerra, le concedió medidas cautelares que constituyen, según se han pronunciado diversas organizaciones civiles, acoso judicial con fines de censura previa y merman la libertad de expresión en nuestro país. N