Representantes del sector empresarial en Durango externaron su inquietud por las implicaciones del Paquete Fiscal 2026, recientemente aprobado por el Congreso de la Unión, al considerar que varias de sus disposiciones podrían generar efectos adversos sobre las empresas formales, especialmente las micro, pequeñas y medianas (MiPyMEs).
Entre los cambios más relevantes que señalan se encuentra el aumento en las retenciones del ISR e IVA sobre operaciones financieras y plataformas digitales, lo que afectaría el flujo de efectivo de las empresas. Además, se prevé un endurecimiento en las facultades de fiscalización del SAT, lo que podría incrementar los costos de cumplimiento y los riesgos por discrepancias en la interpretación normativa.
También se registran incrementos al IEPS en productos como bebidas azucaradas, tabaco y entretenimiento digital, con impactos directos en precios y márgenes de operación. A ello se suman modificaciones en materia aduanera, que podrían generar retrasos y mayores costos logísticos, y nuevas reglas para el cobro de adeudos fiscales, incluso en litigio, lo que genera incertidumbre jurídica para las empresas con procesos fiscales abiertos.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Durango, Raúl Montelongo afirmó que, si bien se comprende la necesidad de fortalecer las finanzas públicas, no se deben concentrar las cargas fiscales en el sector formal, que actualmente genera más del 80 % del empleo en el país y sostiene una parte significativa de la recaudación.
“La estabilidad fiscal debe ser compatible con el crecimiento económico. Es indispensable un marco que promueva la inversión, la formalidad y la generación de empleo, no que los limite”, señaló.
En respuesta a este escenario, el gremio empresarial hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda y a los legisladores federales a revisar los mecanismos de aplicación de las nuevas medidas, para asegurar reglas claras, evitar distorsiones y no desalentar la inversión ni fomentar la informalidad.
Una de las propuestas centrales es ampliar la base tributaria y fortalecer las estrategias de formalización, en un contexto donde Durango enfrenta una tasa superior al 50 % de informalidad laboral y comercial.
El sector empresarial insistió en que el reto no solo es recaudar más, sino recaudar mejor, incorporando a quienes actualmente operan fuera del marco fiscal y generando condiciones equitativas para quienes cumplen con sus obligaciones.
Asimismo, se exhorta a las empresas a reforzar sus áreas contables y fiscales, revisar contratos con terceros, y anticipar los impactos financieros de estas medidas para el ejercicio fiscal 2026.
Reiteraron su disposición al diálogo y a la colaboración institucional, buscando políticas públicas que favorezcan una recaudación justa, eficiente y que no comprometa la competitividad económica.
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