El Fiscal General del Estado de Aguascalientes, Manuel Alonso García, profundizó en la propuesta que pretende enviar a la actual legislatura del Congreso del Estado, con la que se busca expropiar las viviendas utilizadas para actividades criminales, principalmente la venta y/o consumo de droga, popularmente conocidos como “picaderos” o “puntos”.
Con la creación de una unidad especializada de la FGE encargada de estas diligencias, se pretende frenar un ciclo delincuencial, pues según explica, pese a que se detenga a narcomenudistas y criminales, las casas o departamentos abandonados se siguen usando por otras personas para fines ilícitos.
“Existe la extinción de dominio a nivel federal, pero nosotros queremos hacer un modelo a nivel estatal, con el que buscamos crear una unidad especializada de la fiscalía, que se encargue del decomiso de aquellos esquemas factibles para que la criminalidad siga operando, como lo son inmuebles o casas abandonadas y ocupadas por delincuentes” explicó.
Una vez obtenida la sentencia por el Poder Judicial, estos bienes pasarían a ser propiedad del Gobierno del Estado, quien tendrá la misión de otorgarle un mejor uso, como lo pudieran ser programas de vivienda social.
“Se busca que, al incautar estas propiedades, se les dé un buen uso o entren al programa de vivienda popular para personas de escasos recursos, para que en lugar de que sirvan como picaderos y sean un círculo vicioso, se ocupen en algo positivo” agregó.
Según el Reporte Mensual de Incidencia Delictiva del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2025, en Aguascalientes se han abierto 1,820 denuncias ante la Fiscalía por narcomenudeo, un incremento del 13.35% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraban 1577 casos.