En Baja California, cada acto de violencia no es una estadística fría ni una nota roja que se consume con la siguiente tragedia. Es una vida interrumpida de manera abrupta, una familia fracturada, una confianza pública que se erosiona y la normalización de lo inaceptable.
Minimizar hechos como homicidios, desapariciones, fosas clandestinas, ataques a periodistas y feminicidios, no solo es irresponsable: es una traición a la verdad y al deber público.
Sin embargo, desde los discursos oficiales se insiste en relativizar el problema, optar por el eufemismo y la evasiva: se habla de “percepciones equívocas” que no coinciden con los números ni la tendencia a la baja de ciertos delitos, presumen reducciones marginales en algunos indicadores o se justifica la violencia señalando que “los homicidios están vinculados al crimen organizado”.
Esa narrativa, o lenguaje cómodo para la política que intenta diluir la gravedad de los hechos, es corrosivo para la ciudadanía, pero la negación no salva vidas y la retórica o promoción de videos de influencers dándose una vuelta a la Rumorosa a comprar un taco no sustituyen políticas públicas efectivas.
La percepción es realidad y la percepción no se negocia, si la ciudadanía se siente insegura, esa percepción vale tanto como los datos duros, por eso es tan importante como la realidad, por ende, la verdadera política pública en materia de seguridad debe alinear la realidad con la percepción, la violencia se diversifica, se adapta, se infiltra en lo cotidiano y pareciera no escandalizar ni activar a quienes debieran actuar con sentido de urgencia, atendiendo las cifras con las experiencias propias de las personas, sí, personas, humanos y no marcianos que (como lo expresó el secretario estatal de seguridad en conferencia de prensa) “La Rumorosa es tan segura que ya hasta los marcianos regresaron”; no, estamos hablando de entes vivos denominados terrícolas que requieren empatía de sus autoridades, moviendo emociones y buscando respuestas para sentir que son escuchados y sabedores de que sus autoridades denominan las cosas y reconocen los delitos no necesariamente por su nombre legal sino coloquial. Los golpes de realidad en cifras con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, publicada en el mes inmediato anterior de julio de 2025, confirman un deterioro perceptible:
En junio de este año, 63.2 % de la población urbana en México declaró sentirse insegura en su ciudad, un incremento respecto a marzo de 2025 (61.9 %) y junio de 2024 (59.4 %).
Entre los espacios que generan mayor temor destacan los cajeros automáticos en vía pública y el transporte colectivo.
El 57.9 % de los encuestados cree que la inseguridad en su ciudad permanecerá igual de grave o empeorará en los próximos 12 meses.
Baja California no escapa a este panorama adverso:
- Mexicali capital del estado, registró un incremento en la percepción de inseguridad de 20.8 % a 30.8 % en apenas tres meses, un salto de diez puntos porcentuales.
- Tijuana, por su parte, pasó de 21.0% a 28.7%, confirmando una tendencia al alza en la preocupación ciudadana. Ambos municipios muestran además un repunte en conflictos interpersonales, reflejo de una tensión social creciente.
- Ensenada concentra el 13% de la incidencia delictiva del estado, por debajo de Tijuana 46% y Mexicali 33%, según el Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027, en ese documento se describe un estado de fuerza policial reducido a 858 policías preventivos activos, lo que representa un agente por cada 589 habitantes (sin contar elementos administrativos, comisionados, faltistas e incapacitados) junto con una limitada infraestructura operativa para suficiente capacidad de despliegue territorial.
Aunado a lo anterior y de manera más focalizada, el Dr. Ismael Plasencia expuso al Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana una encuensta aplicada en este mes de agosto de 2025 por el Observatorio Ciudadano de Seguridad de la Zona Metropolitana de Tijuana, mismo ejercicio que involucro a Rosarito y Tecate, obteniendo resultados que muestran que:
- 76.6% de los hogares se sienten inseguros
- 1 de cada 5 hogares (20.5%) ha sido víctima de un delito solo ese periodo
- Además, el 59% de los hogares considera que la inseguridad aumentará en Baja California en los próximos 12 meses, mientras que en Tijuana ese porcentaje es del 54%
Estas cifras contrastan con los discursos oficiales que buscan diluir la gravedad de la violencia y muestran que, para la mayoría de los bajacalifornianos, la inseguridad no es un problema lejano: es parte de su vida cotidiana. Estos datos revelan un entorno donde la sensación de inseguridad esta latente, aún sin métricas cuantitativas claras sobre percepción se soporta en experiencias directas de violencia por un familiar o conocido cercano.
Sin duda se requiere más presupuesto, menos despilfarro y menos simulación, ya que la seguridad y la justicia no deben entenderse como gastos, sino como inversiones estratégicas para el desarrollo económico y social. Sin un presupuesto robusto y sostenido, no hay policías estatales y municipales dignas, ministerios públicos capacitados, peritos ni infraestructura judicial capaz de resistir la presión criminal, sin recursos no hay prevención del delito ni atención integral a víctimas.
Baja California sigue dependiendo de operativos federales temporales y de “estrategias integrales” que rara vez se ejecutan por completo, que se replican indistintamente en diferentes entidades federativas del país bajo un criterio o enfoque homogeneizador cuando la fenomenología delincuencial es totalmente distinta y variable en cada entidad, aunado a ello, el estado sigue cediendo a imposiciones centralistas del gobierno federal con la designación de mandos militares para hacerse cargo de la seguridad pública, ostentando cargos del gabinete estatal y evidenciando un claro ejemplo de sustitución y desplazamiento de mandos con la abierta pretensión de subordinación de las fuerzas de seguridad civiles al ejercito y asumiendo inercialmente el costo de una estrategia en seguridad fallida de abrazos y no balazos.
Lo urgente es una política de Estado en materia de seguridad planeada, evaluada y con participación ciudadana real. El fortalecimiento de capacidades locales no es opcional, es indispensable y ¡urge ese golpe de timón!.
El papel de la sociedad y los medios resulta sumamente importante en la condición de inseguridad que se vive en el estado. Mientras las autoridades intentan suavizar el discurso, periodistas, organizaciones civiles y víctimas insisten en narrar la verdad. Su labor no busca sembrar miedo, sino despojar de maquillaje la crisis. Callar o minimizar la violencia no construye paz: la paz se forja enfrentando el conflicto con rigor, empatía y acciones concretas.
Minimizar hechos y circunstancias también erosiona la labor de quienes documentan la violencia. El periodismo crítico, organizaciones civiles y las víctimas exigen una narrativa honesta.
En un estado con tradición cívica y empresarial activa, la exigencia es clara: seguridad con rostro humano, gobiernos empáticos, justicia con resultados tangibles y políticas públicas centradas en las personas, no en las estadísticas y menos en las encuestas de corte electoral.
Minimizar la violencia no hará a Baja California más segura. Por el contrario, nos hará más indiferentes, más vulnerables y eventualmente, más rotos. Y esa es una factura que ni los gobiernos ni la sociedad pueden ni deben pagar, porque esa indiferencia puede resultar más peligrosa que la violencia misma.
Hoy la exigencia es contundente: menos discursos, más resultados; menos simulación, más presupuesto; menos evasivas, más justicia. Los bajacalifornianos anhelamos y merecemos vivir en paz. Y lograrlo no puede seguir siendo una promesa postergada.
Edgardo Flores Campbell Presidente del Consejo Editorial Newsweek Baja California