EL ABOGADO VIDULFO ROSALES SIERRA renunció este jueves 21 de agosto a la representación legal de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa por “cuestiones personales y de salud”. De igual manera confirmó su salida como integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, luego de 24 años.
Este caso, que involucra a policías, narcotraficantes y probablemente mandos militares, es una de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas en México, que desató indignación mundial.
Rosales adujo motivos de salud y familiares para dejar la defensa, pero aseguró que seguirá luchando “desde otras trincheras” por el respeto de los derechos humanos, en particular de los indígenas y afromexicanos.
No obstante, medios locales aseguran que el jurista podría convertirse en asesor de Hugo Aguilar, primer presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), elegido por voto popular en junio pasado. Aguilar, un dirigente indígena, tomará el cargo el próximo 1 de septiembre.
Aún “no hay nada firme”, señaló Rosales a la prensa sobre esas versiones. Aguilar impulsó su campaña a la Suprema Corte con la promesa de hacer escuchar la voz de los indígenas en un espacio que por décadas ha sido monopolizado por las élites políticas y económicas. Rosales lamentó dejar la asesoría sin que se haya resuelto la cuestión “medular”, que es “saber el paradero de los 43 alumnos de la escuela de maestros de Ayotzinapa”.
CASI 11 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 NORMALISTAS DE AYOTZINAPA
Los jóvenes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, a donde viajaron para apoderarse de autobuses en los que se trasladarían a Ciudad de México para participar en una protesta.
En el marco de las investigaciones, se ha señalado a policías locales de haberlos detenido para luego entregarlos a narcotraficantes; también es investigado un antiguo fiscal general.
Críticos de la investigación, una indagatoria de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un informe del anterior gobierno han señalado también la probable participación de jefes militares en este caso.
Este último reporte consideró la desaparición como un crimen de Estado. A la fecha solo han sido identificados los restos de tres alumnos, a partir de pequeñas muestras de restos óseos.
Aunado a lo anterior, a mediados de julio la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Rosendo Gómez Piedra como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), ocupando este nuevo cargo Mauricio Pazarán. N
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