El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) llevó a cabo su Sesión Especial en la que emitió la declaratoria de validez de las elecciones para la renovación de los 39 ayuntamientos, así como de cargos dentro del Poder Judicial del estado, como parte del Proceso Electoral Local 2024–2025.
Durante la sesión, se informó que los 39 Consejos Municipales Electorales realizaron los cómputos correspondientes para presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. En aquellos paquetes donde fue necesario, se efectuó un nuevo escrutinio y cómputo de votos, conforme a lo estipulado en la legislación electoral local.
Con base en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado de Durango, se declaró válida la elección de los integrantes de los ayuntamientos para el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2028. No obstante, se dejó establecido que los resultados podrían ajustarse en caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva algún medio de impugnación que implique modificación.
Destacan alternancia de fuerzas políticas en 27 ayuntamientos
El presidente del IEPC,Roberto Herrera Hernández, informó que el resultado electoral reflejó una alternancia de fuerzas políticas en 27 ayuntamientos, es decir, el 69.23% del total. Además, destacó que en 31 ayuntamientos se logró la paridad de género entre las regidurías, alcanzando un 79.48% de cumplimiento en este rubro.
En la misma sesión, el Consejo General del IEPC también declaró la validez de los procesos de elección de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes, así como de nuevas juezas y jueces, en el marco del proceso electoral ordinario del Poder Judicial.
Herrera Hernández informó también sobre la implementación del voto anticipado y del voto en prisión preventiva, prácticas electorales que se aplicaron en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) y que forman parte de un esfuerzo por garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales en condiciones de inclusión.
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