Hablar de maternidad en México es abordar un tema profundamente arraigado en el imaginario colectivo. Sin embargo, cuando esta maternidad se vive desde la discapacidad, el discurso social cambia o, peor aún, desaparece. Pocas veces se reconoce que ser madre con discapacidad en un entorno estructuralmente excluyente implica un ejercicio doblemente desafiante: criar desde la vulnerabilidad, sin renunciar a la autonomía ni a los derechos que el Estado debe garantizar.
En 2023, según el INEGI, se contabilizaron 21 millones 211 mil 500 mujeres de entre 15 y 49 años con al menos un hijo nacido vivo; de ellas, 697 mil 455 (3.3 %) viven con discapacidad y 3 millones 247 mil 773 (15.3 %) presentan alguna limitación funcional, lo que significa que casi una de cada cinco madres jóvenes —el 18.6 %— enfrentan dificultades para realizar actividades cotidianas básicas como caminar, ver, escuchar o vestirse.
Madres que no piden permiso
Contrario a los prejuicios comunes, la participación económica de estas mujeres es destacable. La tasa de participación laboral de madres con discapacidad es del 60.8 %, superando ligeramente a las madres sin discapacidad (59.2 %), y solo por debajo de aquellas con alguna limitación sin declararse como discapacidad (66.7 %). No solo enfrentan barreras físicas y sociales, sino que también sostienen económicamente a sus familias y comunidades. Muchas se insertan en el mercado como trabajadoras por cuenta propia —el 32.8 % frente al 37.3 % de empleadas en madres sin discapacidad— lo que refleja tanto resiliencia como exclusión de espacios formales por falta de condiciones laborales accesibles.
Bajo derechos sociales, pobreza y discriminación
La realidad institucional no mejora el panorama. Más de una tercera parte de las madres con discapacidad (34.2 %) carece de derechohabiencia a servicios de salud, cifra apenas mejor que la de madres sin discapacidad (39.2 %). Por otro lado, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS, 2022), el 33.8 % de las personas con discapacidad declararon haber sido discriminadas en los últimos 12 meses, y de estas, casi la mitad (49.6 %) atribuyó la discriminación a su condición. Estos datos señalan una sistemática falla institucional y cultural para garantizar derechos fundamentales.
En términos educativos, la ENADIS registra que 18 % de las mujeres con discapacidad mayores de 12 años son analfabetas, y 57.6 % no asisten a la escuela, en comparación con una tasa nacional de analfabetismo de solo 4.7 %. Este rezago educativo tiene un impacto directo en las oportunidades laborales, de salud y de acceso a servicios para las madres con discapacidad.
Desigualdad estructural y multidimensional
Detrás de cada cifra hay historias de crianza con menos apoyos y mayores barreras. La situación se agrava si consideramos la economía del cuidado: las madres con discapacidad no solo cuidan, también requieren ser cuidadas en ciertos casos. En México, el 76 % del trabajo de cuidados no remunerado es realizado por mujeres, lo que refleja una sobrecarga de tareas invisibles que estas madres deben enfrentar sin apoyos institucionales ni corresponsabilidad social.
Desde un enfoque de derechos humanos, esta situación vulnera el acceso a la salud, a la educación, al trabajo digno, a la no discriminación y, especialmente, el derecho a una vida autónoma y libre de violencia, tal como lo establece la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. No obstante, entre el marco legal y la realidad cotidiana persiste una distancia abismal.
Un enfoque desde la diversidad funcional
Es fundamental transitar del modelo médico de la discapacidad —que define a la persona por su deficiencia— al modelo social y de derechos humanos, que identifica las verdaderas barreras en la estructura social y no en el cuerpo de las personas. Desde esta visión, ser madre con discapacidad no es una tragedia ni un milagro: es una experiencia humana plena que solo necesita condiciones de igualdad y justicia para florecer.
Muchas de las madres con discapacidad lo serían menos si existieran servicios de cuidado accesibles, transporte universal, instalaciones educativas y laborales adaptadas, y programas de salud con enfoque diferenciado. La diversidad funcional debe asumirse como parte natural de la sociedad, no como una carga.
Hacia una agenda transformadora
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Ricardo Martinez es activista por los derechos de las personas con discapacidad en Aguascalientes, vocero de la Asociación Deportiva de Ciegos y Débiles Visuales, y la primera persona ciega en presidir un colegio electoral local en América Latina.