Un grupo de especialistas y familias cuidadoras de niñas y niños con discapacidad presentaron un informe ante la Relatoría Especial de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que denuncian la sobrecarga que enfrentan principalmente mujeres en el cuidado de estas infancias en México.
En rueda de prensa, se dio cuenta de los testimonios de familias de Nayarit, Aguascalientes, Colima, Jalisco y Guanajuato, visibiliza cómo las madres asumen múltiples funciones, de cuidadoras, enfermeras, terapeutas y maestra, en medio del abandono institucional, renunciando a su autonomía económica y enfrentando un profundo desgaste físico y emocional.
El informe señala que el acceso a servicios públicos de salud, rehabilitación y educación es limitado, discriminatorio y burocrático, lo que perpetúa la exclusión de las infancias con discapacidad en todos los niveles.
El estudio también evidencia prácticas capacitistas en escuelas, negativas para inscripciones y tratos hostiles en centros médicos, mientras las madres deben asumir la educación en casa sin apoyo oficial.
También se advierte la falta de una ley nacional que garantice el derecho al cuidado y la inacción del Estado para crear un sistema de cuidados digno.
El documento publicado tomó testimonios de entidades como Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco y Nayarit y se han documentado casos que evidencian una discriminación y violencia institucional sistemática y estructural dentro de las propias secretarías estatales de educación pública.
Esta situación se manifiesta mediante narrativas estereotipadas que dificultan la inclusión real y efectiva de niñas y niños con discapacidad en las escuelas del sistema educativo regular, perpetuando barreras que limitan su derecho a la educación en condiciones de igualdad.
Además, evidencia un patrón de exclusión que se refleja en la constante lucha que enfrentan madres y padres desde el proceso de inscripción escolar, hasta la búsqueda por asegurar la permanencia de sus hijos en las aulas.
También, se indicó que los tutores, deben exigir la provisión de un servicio educativo de calidad que favorezca verdaderamente el aprendizaje y desarrollo de sus hijas e hijos, lo que convierte el acceso a la educación en una “batalla” cotidiana contra un sistema que sigue reproduciendo prácticas excluyentes.
Las cuidadoras llamaron a la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a priorizar este derecho como una deuda pendiente con millones de familias invisibilizadas.